Una vez promulgada, la nueva Ley de Hidrocarburos (LH) permitirá a la Secretaría de Energía (Sener) y al regulador energético, la CRE, suspender permisos de todo tipo relacionados con crudo y gas ante un "peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional".

La ley, que tuvo un acelerado proceso de discusión en el Congreso dominado por el gobernante Morena, deja a discreción de la autoridad definir los criterios para determinar esas amenazas, lo que analistas y abogados han calificado como uno de los puntos más delicados de la reforma para los actuales permisionarios.

Además, establece que la autoridad se hará cargo de la administración y operación de permisos suspendidos para dar continuidad a las actividades, lo que incluye la ocupación temporal de instalaciones, que podrían ser manejadas y controladas por una empresa estatal, en este caso Pemex.

También dispone que se podrán revocar permisos que no cumplan con la capacidad de almacenamiento establecida por las autoridades o que incumplan con cualquier disposición de la LH, además de se deberá demostrar que se cuenta con capacidad de almacenamiento para obtener un permiso.

"Es una amenaza en contra de la certeza legal de la operación de toda esa infraestructura que está operando", dijo a Reuters esta semana Rosanety Barrios, analista del sector energético y quien formó parte del equipo a cargo de elaborar el marco legal tras la profunda reforma energética del 2013-14.

La nueva ley podría tener repercusiones para empresas multinacionales con operaciones en México, como Shell, BP, Exxon y Total, que entraron en el mercado de combustibles del país tras la reforma, contra la que el presidente suele cargar.

México tiene vigentes más de 23,600 permisos, de los que más de 13,200 son para estaciones de servicio, pero también contemplan almacenamiento, transporte, comercialización y distribución, entre otros, de acuerdo a datos de la CRE.

Según analistas, en la práctica los cambios en la LH, creada tras la reforma energética, fortalece a Pemex, pues es la empresa dominante del sector y es la única con la capacidad de almacenamiento suficiente de petrolíferos para cumplir las nuevas reglas del juego.

"Más o menos entre 30 y 40 por ciento de las estaciones de servicio operan ya con marcas distintas a Pemex y estos comercializadores pudieran quedarse sin suministrador. Eso es terriblemente grave", dijo Barrios.

López Obrador es un acérrimo crítico de la reforma energética, a la que ve como un intento del capital privado y extranjero para tomar el control del clave sector energético mexicano y ha prometido recuperar para las empresas estatales, Pemex, y la eléctrica CFE, el terreno perdido con la reforma, que profundizó la apertura al capital privado.

La autoridad que vela por la competencia económica en México, Cofece, dijo la semana pasada que la entonces iniciativa de ley, envida por López Obrador al Congreso en marzo, afecta negativamente al sector. (Reuters)