Un grupo de manifestantes contra la reforma tributaria del gobierno, algunos de ellos encapuchados, intentaron abrir con violencia las puertas de ingreso a la sede de Canal RCN y de su canal internacional NTN24, mientras que otras personas buscaban saltar el cerco perimetral y atacaban a pedradas la portería, informaron medios locales.
Minutos después, policías y guardas de seguridad impidieron que ingresaran al canal. El ataque, ocurrido el 28 de abril y captado en video, provocó daños materiales y puso en riesgo la seguridad de los trabajadores del medio.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, CEO de Grupo Opsa, Honduras, condenó la agresión contra el canal, así como el estado de zozobra impuesto a los trabajadores, y señaló que se trató de un "ataque contra la libertad de prensa".
Además, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Argentina, agregó que "si bien respaldamos el derecho de las personas a reunirse y protestar, rechazamos de forma vehemente que este sea ejercido violando la integridad física y las libertades de expresión y de prensa".
El 20 de abril, el periodista independiente Luis Carlos Ayala fue víctima de un atentado en Cali. Ayala fue atacado por un el desconocido que le disparó impactándole la barbilla y el brazo derecho.
El periodista se recupera de las heridas y denunció el hecho ante la Fiscalía General de la Nación. El atentado estaría relacionado a sus investigaciones periodísticas sobre tenencia y distribución de tierras frente a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Los directivos de la SIP también expresaron su preocupación ante el informe semestral sobre libertad de prensa en Colombia, presentado la semana pasada ante la asamblea de la Reunión de Medio Año de la SIP, en el que se registran otros hechos de violencia, la prescripción de cuatro casos de periodistas asesinados en el 2000 y varias iniciativas legales que podrían cercenar el derecho del público a la información. (SIP)