La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó el último documento referente al recurso dilatorio introducido por el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, y confirmó que ha habido “inacción” por parte del Estado venezolano para procesar y sancionar los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

“Es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”, dice el documento de la CPI.

La Fiscalía de la CPI señaló que las autoridades venezolanas “no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos”.

“Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procedimientos internos o se han adoptado decisiones nacionales con el fin de proteger a las personas de la responsabilidad penal”, se lee en el texto, a lo que agregan que las investigaciones no se han llevado de manera independiente o imparcialmente, “lo que significa que se han llevado a cabo de una manera que es incompatible con una intención de llevar al interesado ante la justicia”.

La Fiscalía de la CPI confirmó además la falta de independencia de la Justicia venezolana al afirmar que los procedimientos internos no se han llevado a cabo de manera independiente o imparcial, “lo que significa que se han llevado a cabo de una manera que es incompatible con un intención de llevar al interesado ante la justicia”.

La Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia indicó este miércoles que con ello, la CPI certifica la complementariedad de La Haya para investigar la situación en Venezuela.

“En él se confirma que la Fiscalía de la CPI no ha tomado una decisión sobre el examen preliminar, pero sí sobre el requisito de complementariedad: el mismo estaría cumplido a los efectos de la admisibilidad del caso venezolano ante la CPI”, señaló la asociación en Twitter.

En el 2020, la CPI concluyó que en Venezuela las autoridades del Estado, en especial fuerzas de seguridad militares y policiales, habían cometido crímenes de lesa humanidad: “Existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de la detención, en Venezuela desde al menos abril de 2017”.

Desde entonces, como explica la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el examen preliminar también se ha basado en la existencia y autenticidad de los procedimientos nacionales como parte de la evaluación de la admisibilidad.

Acceso a la Justicia indicó finalmente que por el caso, conocido como Venezuela I ante la CPI, solo queda pendiente decidir si se pasa a la fase investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa institución. (El Nacional)