Las protestas, convocadas originalmente en oposición a una reforma fiscal para subir impuestos ahora retirada, se convirtieron en un amplio grito contra la pobreza y lo que manifestantes y algunos grupos de derechos consideran como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Además, la Policía Nacional anunció que investigará más de dos docenas de denuncias de brutalidad, mientras que el ministro de Defensa, Diego Molano, acusó a grupos armados ilegales de estar infiltrados en las protestas para causar violencia.

La suroccidental ciudad de Cali se convirtió en el epicentro de las protestas y en su jurisdicción se han registrado 11 de las 19 muertes confirmadas por la Defensoría del Pueblo.

"No más sangre en Cali", dijo el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, en un mensaje de Twitter a primera hora del martes.

La reforma tributaria a la que se oponen los manifestantes, que pretendía ampliar el impuesto a las ventas y la renta, fue retirada por el Gobierno y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció.

Duque dijo que su Gobierno elaborará otra propuesta de reforma resultado de acuerdos con los partidos políticos, la sociedad civil y las empresas, y utilizó su programa nocturno de televisión para llamar a la unidad.

El presidente anunció previamente que las ciudades afectadas por actos de vandalismo, saqueos y bloqueos tendrían asistencia militar para restaurar el orden, proteger la infraestructura, la propiedad pública y privada y garantizar el acceso a servicios esenciales como la salud y la alimentación, pero los alcaldes de Bogotá y Medellín rechazaron el ofrecimiento.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a la calma ante las nuevas protestas y advirtió de los disparos de la policía.

"Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (...) la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida", dijo en una declaración Marta Hurtado, portavoz de la alta comisionada.

La Unión Europea también pidió a las fuerzas de seguridad evitar una respuesta de mano dura, instó a la calma y condenó la violencia.

El año pasado murieron 13 personas durante las protestas desencadenadas por la muerte de un hombre bajo custodia policial. Pese a las denuncias, la Policía Nacional insiste en que es respetuosa de los derechos humanos y de los protocolos internacionales para controlar las protestas. (Reuters)