La violencia contra los líderes sociales, así como las masacres de civiles, se han convertido en uno de los principales problemas para el Gobierno colombiano, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que exigen acciones para frenar las muertes.

Aunque las cifras causan polémica y no coinciden, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró el año pasado 133 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 25 casos más que en 2019.

Sin embargo, el Gobierno solo reconoció el lunes 66 homicidios y aseguró que 63 más están en proceso de verificación.

"Acá lo más importante es poner el acuerdo de paz en el centro de la respuesta del Gobierno, de reforzar los mecanismos creados por el acuerdo para dar respuesta a esta situación", dijo en una conferencia de prensa Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron en 2016 un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo que ha cobrado 260.000 vidas y millones de desplazados.

Además, el pacto, que contribuyó a una reducción de la violencia en los primeros años, obtuvo la reincorporación a la sociedad de 13.000 antiguos integrantes de la guerrilla desmovilizada, que conformaron un partido político y actualmente tiene 10 escaños en el Congreso.

La funcionaria de la ONU aseguró que adicionalmente el Gobierno debe elaborar una política pública para desmantelar a los grupos armados que producen violencia y son responsables de las muertes de líderes sociales, impidiendo que continúen su expansión territorial.

De Rivero también expresó la preocupación de la ONU por el asesinato de al menos 248 excombatientes de las FARC desde la firma del acuerdo de paz.

"La ausencia de una presencia integral del Estado en algunas regiones del país, limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluido el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y participación de las personas y grupos más vulnerables ", afirmó el representante.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas también solicitó a toda la sociedad, incluidos los sectores empresariales, militares y políticos, aportar urgentemente la información relevante a su disposición, que permita a la Comisión de la Verdad cumplir su mandato, que finaliza en noviembre de 2021.

"De esta capacidad de entender la verdad y apropiarse de ella dependiente el presente y el futuro del país para construir una verdadera reconciliación y el respeto pleno de los derechos humanos", concluyó de Rivero. (Reuters)