Las ONG Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), especializadas en el seguimiento de la situación de los Derechos Humanos en todo el mundo, han solicitado una investigación por crímenes contra la Humanidad contra el próximo presidente de Irán, Ebrahim Raisi.

al que le acusa de participar en el asesinato, la desaparición forzada y la tortura a disidentes políticos durante su rol en la llamada «comisión de la muerte» durante finales de la década de los 80.

Concretamente, Amnistía denuncia que Raisi participó en un programa de ejecuciones extrajudiciales contra miles de opositores políticos en las cárceles de Evin y Gohardasht, cerca de Teherán, en 1988, cuando el futuro mandatario y jefe de la Judicatura iraní se desempeñaba como fiscal adjunto de la capital iraní.

Ya como máximo responsable del poder Judicial iraní, Raisi ha presidido, según Amnistía, «una creciente represión de los Derechos Humanos que ha provocado la detención arbitraria de cientos de disidentes pacíficos, defensores de los derechos humanos y miembros de grupos minoritarios perseguidos».

Asimismo, y bajo su supervisión, el poder judicial también ha otorgado «impunidad general» a los responsables de ejecutar a cientos de hombres, mujeres y niños y someter a miles de manifestantes a arrestos masivos y al menos a cientos a desapariciones forzadas, torturas y otros males durante y después de las protestas a nivel nacional de noviembre de 2019, acusa la organización.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, lamentó en este sentido que «el hecho de que Ebrahim Raisi haya ascendido a la Presidencia en lugar de ser investigado por los crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada y tortura, es un triste recordatorio de que la impunidad reina en Irán».

Además, Callamard manifestó que la llegada de Raisi a la presidencia ha tenido lugar tras «un proceso electoral desarrollado en un entorno altamente represivo y prohibió a las mujeres, miembros de minorías religiosas y candidatos con puntos de vista contrarios postularse para cargos públicos».

Por su parte, HRW aseguró que las autoridades iraníes han manipulado las elecciones a favor de Raisi, a quien han acusado de actuar como «supervisor de algunos de los crímenes más atroces de la historia reciente de Irán».

A lo denunciado por Amnistía, HRW suma que, en agosto de 2016, la familia del difunto ayatolá Husein Ali Montazeri, el exlíder supremo adjunto, publicó un archivo de audio en el que criticaba duramente las ejecuciones en una conversación con el comité que incluía a Raisi, que calificó como «el mayor crimen en la República Islámica, por el que la Historia nos condenará».

Estos delitos, ha declarado el subdirector de la organización para Oriente Próximo, Michael Page «merecen ser investigados» y reclama que Raisi «debería haber rendido cuentas en lugar de ser elegido para un alto cargo».

Asimismo, HRW apuntó que, los últimos tres años, las autoridades han reprimido con creciente violencia las protestas que surgieron del deterioro de las condiciones económicas y se transformaron en una expresión más amplia de descontento popular con la represión del gobierno y la percepción de corrupción.

En noviembre de 2019, las autoridades reprimieron brutalmente las protestas generalizadas en todo el país, lo que provocó al menos 300 muertes, según Amnistía Internacional, y miles de detenciones.

Por último y sobre sus acusaciones de fraude, HRW denunció que los juristas del Consejo de Guardianes -un cuerpo de 12 expertos legales encargados de vigilar las elecciones- descalificó a un gran número de candidatos «sin razón alguna», incluidos destacados políticos como el expresidente del Parlamento, Ali Lariyani, o el vicepresidente primero, Eshaq Jahangiri. (Europa Press)