en medio de una prolongada protesta de propietarios de camiones pidiendo reducir costos en la actividad de transporte, dijo el jueves la cámara de compañías exportadoras y procesadoras de granos CIARA-CEC.

Los agroexportadores apoyan "la decisión del Gobierno de Santa Fe de liberar el tránsito obstaculizado en el territorio provincial, en ejercicio de una facultad que posee para dar cumplimiento a un mandato constitucional", dijo el grupo en su cuenta de Twitter.

Desde la gobernación de Santa Fe se respondió que trabajaban para desmantelar los cortes en base al diálogo.

Los dueños de los camiones, agrupados en la asociación informal Transportistas Unidos de Argentina (TUDA), iniciaron la medida de fuerza el fin de semana y como parte de esta bloquean rutas en distintos puntos del país, dificultando la llegada de cargamentos de granos a los puertos de Argentina.

"Se trata de manifestaciones inorgánicas, cuya representación no está formalizada, y que ponen en riesgo la seguridad vial, el funcionamiento de las industrias, el bienestar y la vida de las personas", sostuvo CIARA-CEC.

"Es fundamental garantizar el acceso de los camiones a los puertos para mantener el flujo de las exposiciones que la Argentina necesita como nunca en estos momentos", agregó.

Los principales puertos exportadores del país sudamericano se ubican a la vera del río Paraná, en la zona lindante a la ciudad santafesina de Rosario, a unos 300 kilómetros al norte de Buenos Aires.

Rosario es el polo agroportuario y agroindustrial de Argentina, donde más del 80% de los granos son transportados internamente en camiones.

Esta huelga fue denunciada por la Unión Industrial Argentina (UIA) al afectar fuertemente a rubros como el automotriz y a la industria siderúrgica, al margen de sectores esenciales como el de alimentos y bebidas.

Una fuente de la automotriz Fiat en Argentina dijo a Reuters que la producción fue retomada este jueves ya que los huelguistas dejaron pasar a camiones provenientes de Brasil, al considerar que ellos no tenían participación en la protesta.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) manifiesta "su profunda preocupación por la continuidad de las medidas de fuerza (...) afectando el tránsito y la llegada de camiones en las principales jurisdicciones portuarias como el Gran Rosario, Bahía Blanca, Quequén y San Nicolás", dijo en un comunicado.

"Las medidas de fuerza están afectando seriamente el comercio de graneles agropecuarios, abastecimiento interno y el cumplimiento de contratos con el exterior. Además, por su modalidad, se pone en riesgo el abastecimiento y producción de otras cadenas productivas como la de la construcción y las autopartes", enfatizó.

La UIA notificó que la medida de fuerza afecta el tránsito en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, o sea gran parte del núcleo económico argentino.

Un portavoz del Ministerio de Transporte de la Nación respondió a Reuters que no se había desarrollado ninguna convocatoria a representantes de TUDA dado que no pertenecen a ninguna organización sindical con representación legal.

"El sector (portuario) no puede tolerar más medidas de fuerza, los requerimientos deben hacerse por los canales institucionales y legales, no por vías de hecho que afectan a toda la sociedad", expresó la CPPC.

Por ello "la CPPC insta a que se retome la senda de la normalidad y la paz social y solicita a las autoridades

competentes que tomen las medidas que sean necesarias para recuperar los derechos constitucionales que están siendo afectados por las medidas mencionadas".

Los transportistas reclaman una revisión de los costos de la actividad, entre ellos las tasas y los precios de los combustibles, las cuales son muy elevadas en una economía con una inflación del 36,1% en 2020 y proyectada a casi un 50% para el 2021. (Reuters)