Santiago.- La juramentación de los redactores de la nueva Constitución de Chile tuvo ayer un agitado inicio después de que protestas dentro y fuera del lugar, además de enfrentamientos con la policía obligaron a retrasar el evento.
Los problemas surgieron luego de que marchas organizadas por independientes, de izquierda e indígenas, así como otros grupos, se enfrentaran con las fuerzas de seguridad que vigilaban el anillo de seguridad frente al antiguo edificio del Congreso en Santiago, sede de la ceremonia.
Estallaron refriegas después de que algunos participantes intentaron traspasar las barreras, lo que llevó a la policía a responder con gases lacrimógenos y carros lanzaagua.
Los delegados dentro del evento protestaron ante los organizadores por las tácticas de la policía, golpeando tambores y gritando sobre una orquesta clásica juvenil que tocaba el himno nacional.
En medio de las demandas de los delegados de que se retiraran las fuerzas antimotines «represivas», el funcionario del tribunal electoral que presidía la ceremonia acordó suspender el evento hasta el mediodía.
El altercado subraya los intensos desafíos para la redacción de una nueva carta magna en un contexto de profundas divisiones que aún hierven después de que Chile fue desgarrado por protestas masivas, que iniciaron en octubre de 2019 por la desigualdad y el elitismo y fueron alimentadas por una feroz respuesta policial.
El órgano constitucional está integrado por 155 delegados, incluidos 17 candidatos indígenas, y está dividido en partes iguales entre hombres y mujeres.
Está dominado por independientes e izquierdistas, algunos con raíces en las protesta sociales, con una proporción menor de candidatos más conservadores respaldados por el actual gobierno de centroderecha.
Marcela Cubillos, candidata que representa a la coalición de gobierno, dijo que el problema en la sesión era una «mala señal».
«No es una señal republicana que la ceremonia más importante de inicio de esta convención, que es un trabajo que tiene que estar marcado por el diálogo, la responsabilidad en el trabajo, se demore más de dos horas y haya grupos que impidan que parta», dijo en Twitter.
Los chilenos votaron abrumadoramente para romper la Constitución actual redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en un referendo el año pasado.
Los delegados, que fueron elegidos en otra votación en mayo, abordarán temas como el agua y los derechos de propiedad, la independencia del banco central y las prácticas laborales, lo que generó nerviosismo entre inversionistas por potenciales cambios significativos al sistema de libre mercado del mayor productor de cobre del mundo.
Antes de que comenzara la ceremonia, los delegados aymara y mapuche realizaron ceremonias espirituales con cantos y bailes en las calles del centro que rodean la nueva sede del organismo y en una ladera cercana.
No reconocidos en la constitución actual, esperan que un nuevo texto otorgue a sus pueblos nuevos derechos culturales, políticos y sociales.
«Caminamos juntos con nuestra gente y nuestra historia a abrir los cercos que nos habían impuesto», dijo en Twitter Elisa Loncon, delegada mapuche y profesora universitaria que es vista como candidata a la presidencia del organismo.
GOBIERNO EN SILENCIO
El gobierno del presidente de centroderecha Sebastián Piñera se mantuvo en silencio mientras se desarrollaban los hechos.
Su coalición no logró asegurar el tercio necesario de escaños en el cuerpo para evitar cambios drásticos, y la mayoría fueron para candidatos de izquierda o independientes.
La inauguración no es el primer signo de tensiones en el proceso. El mes pasado, cuando Piñera trató de recordar a los delegados la necesidad de no sobrepasar sus competencias, algunos delegados dijeron que establecerían sus propias reglas.
En las últimas semanas, ha habido airadas denuncias del gobierno por parte de los delegados sobre los presupuestos, las reglas de Covid-19 sobre el tamaño de la reunión y quién presidiría el organismo.
La comisión tiene hasta un año para acordar un reglamento, establecer comités y redactar un nuevo texto.
Leandro Lima, analista de Control Risks del Cono Sur, dijo que los independientes aportaron «legitimidad» al proceso dada la profunda desconfianza de los chilenos en la política, pero que la escasez de experiencia y las profundas divisiones ideológicas dentro del organismo podrían retrasar la redacción. (Reuters)