La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha reconocido estar «sumamente preocupada» por estos «altos niveles de inseguridad», así como por las «aparentes dificultades» del Gobierno a la hora de revertir una tendencia que se ceban tanto con las fuerzas de seguridad como con la población civil.

«La Policía supuestamente no intervino durante varios choques recuentes entre grupos criminales en Puerto Príncipe», ha planteado Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos, hasta el que ha llevado una preocupación que han venido expresando de forma recurrente en estas últimas semanas diversas agencias y ONG.

La principal representante de la ONU en Haití, Helen La Lime, condenó la violencia la semana pasada ante el Consejo de Seguridad, recordando igualmente que las autoridades tienen el «deber» de «terminar con la violencia, proteger a la población, garantizar el acceso humanitario sin trabajas a quienes lo necesitan, proporcionar ayuda de emergencia para los

desplazados y hacer que los responsables de estos actos rindan cuentas por sus delitos».

No en vano, solo desde el 1 de junio han abandonado sus hogares más de 10.000 personas, de las cuales una amplia mayoría, al menos 8.500, han sido identificadas como mujeres y niños. En total, la ONU estima que unas 650.000 viven fuera de sus hogares en Haití, entre ellas 500.000 solo en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

El representante en el país caribeño del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Bruno Maes, advirtió en un reciente comunicado de que los enfrentamientos entre los grupos armados son «cada vez más violentos» y ha hablado incluso de «guerrilla urbana», con «miles de niños y mujeres atrapados en el fuego cruzado».

Un estudio realizado en mayo por UNICEF ya reflejaba que uno de cada cinco jóvenes creía que la violencia impide a los niños ir a la escuela, ejemplo de uno de los efectos colaterales de unas tensiones que tienen también consecuencias en otros servicios básicos, como la sanidad.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha reconocido que los enfrentamientos y los robos registrados en las últimas semanas afectan a pacientes, trabajadores, instalaciones y vehículos. La jefa de misión de la ONG, Alessandra Giudiceandrea, ha alertado de un «deterioro de la situación de seguridad extremadamente preocupante» y ha confirmado la reducción de las actividades.

«En un momento en que deberíamos estar trabajando más por la Covid-19 y otras necesidades, apenas podemos mantener abiertas nuestras instalaciones por la inseguridad», ha lamentado Giudiceandrea en una nota.

EL TRASFONDO POLÍTICO

La inestabilidad política está como telón de fondo de esta inseguridad, con un presidente, Jovenel Moise, que gobierna por decreto desde hace más de

un año ante la falta de un Parlamento electo y que se ha visto obligado a readaptar su ‘hoja de ruta’ electoral para este 2021.

El referéndum para aprobar o rechazar la nueva Constitución ha sido aplazado en dos ocasiones, la última fecha fijada era el 27 de junio y no se ha anunciado un día alternativo, y persisten las dudas sobre las elecciones parlamentarias y presidenciales de septiembre, que teóricamente debían celebrarse ya con la nueva Carta Magna.

La ONU ha llamado en varias ocasiones a atajar la incertidumbre política y Bachelet la ha atribuido «en parte» a los «desacuerdos» por la organización de los dos procesos electorales. Las autoridades, ha advertido, «deberían garantizar el derecho al voto en condiciones seguras». (EUROPA PRESS)