El país centroamericano asiste hace días a protestas en las que cientos de manifestantes bloquean carreteras, exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general, Consuelo Porras. Ambos son señalados por obstruir la Justicia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió ayer a Guatemala a priorizar la lucha contra la corrupción, cuando en el país centroamericano cientos de manifestantes bloquean carreteras desde hace días exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei señalado de promover la impunidad.

“La CIDH expresa su preocupación por acciones que debilitan la independencia judicial en Guatemala y urge al Estado a priorizar y fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción, mediante el respeto a un sistema de justicia independiente e imparcial”, dijo este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

La Comisión deploró la destitución a finales de julio del titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, quien tras ser removido denunció obstáculos en su labor y dijo que se le pidió no investigar a Giammattei sin consentimiento de la fiscal general Consuelo Porras.

“Preocupa particularmente la grave y permanente situación de criminalización de jueces y juezas con competencia de alto riesgo en Guatemala”, indicó.

Entre éstos, mencionó a Pablo Xitumul De Paz, Miguel Angel Gálvez Aguilar, Iris Yassmín Barrios Aguilar y Érika Lorena Aifán Dávila, todos beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH.

La Comisión señaló el hostigamiento de jueces y fiscales en Guatemala por investigar “estructuras criminales vinculadas con el poder político y económico” o “graves violaciones a derechos humanos”, o por apoyar a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).

La CICIG, un ente adscrito a la ONU que apoyó a la Fiscalía a enjuiciar a políticos, militares y empresarios considerados intocables, dejó de funcionar en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020), tras ser señalado de corrupción electoral por ese órgano y por la FECI.

La CIDH también reiteró su preocupación ante la negativa del Congreso guatemalteco de juramentar a Gloria Porras como magistrada reelecta a la Corte de Constitucionalidad. Porras es reconocida por haber revertido controversiales medidas de gobierno, principalmente durante la presidencia de Morales, que grupos sociales consideraban como un retroceso en el combate a la corrupción y que detonaron en protestas callejeras.

El jueves, Estados Unidos había cuestionado el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción en Guatemala, Rafael Curruchiche. El “repentino nombramiento” como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) “no agrega confianza en la capacidad del organismo para investigar y procesar de forma independiente los casos de corrupción”, dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Curruchiche, exfiscal de Delitos Electorales, fue acusado de corrupción por legisladores opositores, en medio de informes que alegan que ofreció protección a empresarios sospechosos de financiamiento político ilegal.

Desde la salida de Sandoval, que huyó del país temiendo por su seguridad, Guatemala ha vivido jornadas de protestas que exigen la renuncia de Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras.

“Quién más (en el cargo) que Rafael Curruchiche, que representa los intereses de los corruptos”, señaló Sandoval en un video difundido en su cuenta de Twitter. Desde “el exilio” alertó que “la intención de los perversos es prolongar el reino de la impunidad”.