La dictadura cubana dispuso prisión domiciliaria este fin de semana para varias personas sancionadas con cárcel la semana pasada en juicios sumarios y que habían sido detenidas durante las inéditas manifestaciones iniciadas el pasado 11 de julio en diferentes ciudades de la isla.

“Fui liberado el sábado por mediación de la presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP), Norma Rodríguez que intercedió por mí”, dijo a la agencia AP el artista Carlos González Acosta. “Me anunciaron una prisión domiciliaria, en mi casa, hasta la espera del resultado de la apelación”.

González, de 38 años, fue condenado el martes pasado a una pena de 10 meses de prisión por el delito de desordenes públicos y es una de las 59 personas que las autoridades judiciales indicaron habían sido sancionados hasta ahora tras las masivas manifestaciones contra el régimen castrista. Su abogado había presentado una apelación.

El artista relató que fue entrevistado por la presidenta del CNAP en la prisión de Valle Grande, a la que ingresó junto con oficiales carcelarios por la tarde y por la noche se le permitió ir a su casa. Aseguró que otras dos personas -uno de ellos el fotógrafo Anyelo Troya- habían salido en iguales condiciones.

Hasta ahora las autoridades no informaron cuántos ciudadanos fueron arrestadas en esos días, pero el sábado Rubén Remigio Ferro, del Tribunal Supremo Popular (TSP) indicó que realizaron en los tribunales 19 procesos involucrando a 59 personas con delitos de menor gravedad.

“La motivación, en mi caso personal, que tuve para salir a manifestar, fue ejercer mi derecho a expresar mis opiniones”, manifestó González, quien relató que había sido detenido el 11 de julio cuando se retiraba sin haber ejercido violencia. La pluralidad de las demandas -algunas económicas derivadas de la crisis como la carestía, otras sociales y políticas de los disconformes- demostraron, según el artista, la espontaneidad de las protestas.

Tanto desde el TSP como la Fiscalía General de la República se insistió en que los procesos se habían realizado con apego a las leyes cubanas con todas las garantías para los acusados. “No somos trogloditas”, expresó Ferro al defender la actuación de los tribunales.

Días atrás, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división América de la reconocida ONG Human Rights Watch, denunció que “el régimen cubano está juzgando a manifestantes mediante procesos sumarios que impiden ejercer el derecho a la defensa”.

A través de su cuenta en Twitter, Vivanco explicó la maniobra que está realizando la dictadura en Cuba para condenar “a puertas cerradas” a los detenidos durante las protestas opositoras del pasado 11 de julio. “Los procesos, conocidos como ‘sumarios’ o ‘atestado directo’, están previstos en la Ley de Procedimiento Penal y en la Instrucción 238 del Tribunal Supremo de Cuba”, señaló en un hilo de tuits. “Según la ley, el juicio se lleva adelante incluso si el acusado no cuenta con un abogado defensor. En la práctica, los acusados muchas veces son informados a última hora que necesitan un abogado. Si no logran contratar uno, van a juicio sin representación legal”, remarcó.

Además, advirtió que, según esa ley, “el juicio también se puede llevar adelante sin fiscal” y que “en la práctica, en estos casos, el juicio queda en manos de la policía y el juez”.

“La policía (no un juez o fiscal) decide inicialmente si el acusado es detenido o sometido a prisión domiciliaria. En la práctica, los juicios se realizan a puertas cerradas o se permite que tan solo asista un familiar del acusado. La sentencia se trasmite de forma oral. Usualmente los familiares no obtienen una sentencia escrita que explique los motivos de la decisión”, puntualizó Vivanco.

Y concluyó: “Según la ley, estos procesos solo están permitidos para ‘delitos sancionables con privación de la libertad de hasta un año’. Pero muchas veces se juzga a una persona por varios de estos delitos, de modo que la pena puede llegar a ser de varios años de prisión. Usualmente, los fiscales y policías aplican tipos penales amplios y vagos o que tienen penas desproporcionadas: ‘instigación a delinquir’, ‘desacato’, ‘resistencia’, ‘desorden público’, ‘propagación de epidemia’”.

Las inéditas manifestaciones, las más importantes por el número de personas -unas miles- y porque se desarrollaron en varios puntos del país, sacudieron a Cuba, que atraviesa una dura crisis económica y un rebrote del nuevo coronavirus con más de 8.000 contagios diarios.

El régimen castrista respondió con una brutal represión, que dejó un muerto, y decenas de heridos, detenidos y hasta desaparecidos.

Organizaciones no gubernamentales estimaron en unas 600 las detenciones, aunque en los primeros días se produjeron liberaciones como la del dramaturgo Yunior García Aguilera.

También el actor Daniel Triana informó en redes sociales sobre la excarcelación -el sábado- en proceso de apelación de su colega Alexander Diego Gil.

Ante la gran masa de manifestantes, la dictadura militarizó las calles del país para contener a los protestantes. El dictador Miguel Díaz-Canel, frente a este contexto, reconoció la problemática situación que está atravesando el país por la escasez de comida y medicinas, las colas, los cortes de luz y el deterioro de la calidad de vida en barrios populares. Sin embargo, en línea con el constante relato del régimen, responsabilizó a Estados Unidos de llevar adelante una campaña para incitar las protestas e indicó que la nación está en crisis por las sanciones norteamericanas.

Este lunes una veintena de países encabezados por Estados Unidos condenaron los arrestos mediante una declaración dada a conocer por el Departamento de Estado y que exhorta a las autoridades cubanas “a respetar los reclamos de derechos humanos universales que expresan los cubanos”.

“El gobierno cubano no ha respondido escuchando los reclamos de su propio pueblo, sino acallando todavía más esas voces mediante actos de detención arbitraria y juicios sumarios que se desarrollaron de manera secreta y sin garantías de debido proceso”, expresó el comunicado firmado entre otros por Austria, Israel, Brasil, Montenegro y Ucrania. (Infobae – AP)