En México ya es una realidad, al menos oficialmente, desde el pasado sábado: ese día entró el vigor el decreto con el que se creó el llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

El ambicioso objetivo de esta base de datos es recopilar la información -incluidos los datos biométricos- de los propietarios de las 126 millones de líneas de telefonía que existen en el país.

La finalidad del padrón, según el gobierno, es que esta información ayude a las autoridades para evitar la comisión de delitos como extorsiones telefónicas o secuestros.

"Se usan estas tarjetas que eran anónimas, se cambiaban de chips y se utilizaban los teléfonos para cometer ilícitos", puso como ejemplo la semana pasada el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"Entonces, nada más es tener un registro para cuidar a la población, es un asunto de seguridad", defendió.

Sin embargo, como era de esperar, la nueva norma provocó una multitud de protestas por considerar que vulnera la privacidad e incluso la seguridad de los usuarios, quienes ya han anunciado una lluvia de recursos judiciales para conseguir suspender la iniciativa.

De hecho, un juez dio este martes el primer revés a la iniciativa al admitir el amparo interpuesto por un particular y conceder una suspensión provisional a la reforma para que este usuario no se vea afectado, al menos de momento, por los requisitos del padrón.

CRÍTICAS A

NUEVO PADRÓN

"Obligar a quienes contraten una línea telefónica a registrar sus datos biométricos con el gobierno es una grave violación a su privacidad. La última vez que se creó un padrón así en México, los datos terminaron en venta en el mercado negro", publicó en Twitter Human Rights Watch.

La organización se refiere al intento de crear un registro similar en 2009 por el gobierno de Felipe Calderón. Solo dos años después, la iniciativa fue desmantelada después de que parte de esa base de datos se filtrara y apareciera a la venta en internet. Cuando una información confidencial se ve vulnerada de ese modo, a veces puede protegerse con un rápido cambio de contraseñas o de datos del usuario, por ejemplo. Pero ahora que el padrón requerirá información biométrica la cosa es mucho más complicada, alertan expertos.

"Tu rostro, tu iris o tu huella digital no se pueden cambiar. Una vez comprometidos, esos datos pueden ser afectaciones severas y permanentes para toda tu vida y causar un daño irreversible si caen en manos de alguien", alertó Luis Fernando García, director de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales en México.

Una filtración de los datos de ese patrón podría además revelar la identidad de personas que desean mantenerse en el anonimato al usar servicios online que, cada vez con mayor frecuencia, exigen al cliente un número de teléfono para registrarse.

Este podría ser el caso de un usuario de una aplicación de citas o el de una persona que informa desde una red social sin revelar su nombre real por miedo a poner su vida en peligro, por ejemplo.

"Por eso decimos que el registro de estos datos tiene un potencial autoritario muy fuerte. Pedir datos biométricos (para hacer tareas o contratar servicios cotidianos) existe en menos de 20 países como China, Arabia Saudita o Venezuela", dijo García a BBC Mundo.

"Al recabar datos biométricos requeriría consentimiento expreso y por escrito, y para que exista consentimiento, debe ser una voluntad libre. ¿Puede ser una voluntad libre si la consecuencia de negarme es privarme del servicio (…)? ¡No!", escribió en el diario Reforma la experta en tecnología Clara Luz Álvarez.

Pero López Obrador aseguró que su gobierno "nunca va a llevar a cabo acciones de espionaje contra nadie (...). No quieren dar información porque piensan que el Estado va a invadir lo que tiene que ver con la libertad y lo individual. Decirles que tengan confianza".

REDUCCIÓN DE

DELINCUENCIA

El director de R3D considera "absurdo" creer que el padrón combatirá al crimen o que permitirá identificar a quienes cometan llamadas de extorsión ya que "un delincuente nunca va a utilizar un teléfono registrado a su nombre y asociado a sus datos biométricos".

De hecho, García enumera un buen número de maneras para esquivar el padrón a la hora de cometer delitos: usar chips de teléfonos de países como Estados Unidos (donde no te piden datos para comprarlos), duplicar o clonar tarjetas SIM, utilizar teléfonos robados, usar plataformas de voz sobre IP como Skype que permiten ocultar el número del que llama…

"Es decir, en el padrón van a estar los datos de todo el mundo excepto de quienes cometen los delitos", resumió.

El experto cree en cambio que hay otras técnicas que serían mucho más útiles que el padrón para las autoridades.

Una podría ser geolocalizar un teléfono en tiempo real o acceder al historial de llamadas con una autorización judicial. O cortar de raíz las señales telefónicas en las cárceles y evitar el ingreso de celulares para evitar las llamadas de extorsión desde su interior.

El presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones de México (Anatel), Gabriel Székely, defendió ante el Senado el mes pasado que usar las llamadas realizadas a la línea de denuncia 089 para identificar extorsiones sería más eficiente y simple que instaurar el padrón.

Algunas organizaciones y usuarios creen incluso que el nuevo padrón podría, más que proteger al usuario, ponerlo en mayor peligro.

Criticaron por ejemplo que en el decreto se contemple que las autoridades de seguridad que cuenten con la facultad expresa para requerir los datos del padrón podrán acceder a dicha información, sin hacer mención expresa a la necesidad de una autorización judicial.

Según García, "es sumamente riesgoso y preocupante que haya un acceso directo y sin ningún tipo de control a esos datos por parte de autoridades que, frecuentemente,son sorprendidas en este país colaborando con miembros de la delincuencia organizada".

También se cuestionó el hecho de que esto podría aumentar el robo de teléfonos y que la norma subraya que el registro de una línea en el padrón presume "su pertenencia a la persona que aparece como titular (…) salvo prueba en contrario", lo que podría responsabilizar de delitos a personas inocentes.

El titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad, Ignacio Hernández, descartó ante el Senado que la reforma pretenda vulnerar la presunción de inocencia y aseguró que los usuarios tendrán derecho a saber qué números están registrados a su nombre para cancelar los que no les pertenezcan. (BBC Mundo)

RECURSOS JUDICIALES

Pese a que la reforma a la ley ya está en vigor tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, ya se anunciaron numerosos recursos judiciales que podrían poner en peligro su implementación.

Tras aprobarse en el Senado con una ajustada diferencia (54 votos a favor y 49 en contra), varios partidos avanzaron que planean presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

"Confiamos en que un juez suspenda como medida cautelar la instalación del padrón mientras se analiza el fondo de la inconstitucionalidad. (…) El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no pasará", escribió en el periódico El Economista el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Jorge Bravo.

Un gran número de usuarios de telefonía móvil, por su parte, planteaban estos días en redes sociales presentar juicios de amparo contra el padrón. Organizaciones como R3D lanzarán una plataforma para facilitar dicho trámite y que la población pueda "impugnar de manera masiva".

De hecho, un juez otorgó este martes la primera suspensión provisional a la reforma para que un usuario que había solicitado un amparo no esté obligado de momento a entregar sus datos al padrón y no se le pueda cancelar su línea por ello.

DATOS REQUERIDOS

La entrega de los datos requeridos por el padrón "podría no ser idónea ni proporcional", ya que "no constituye una condición necesaria" ni "se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos", apuntó el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro.

Además, la suspensión provisional solo beneficia al usuario que presentó el amparo y no tiene carácter general.

Pero el director de R3D es optimista y cree que el gobierno acabará dando marcha atrás con la iniciativa, ya sea por el éxito de los recursos ante la Justicia o bien porque parte de la población no se registrará.

"Algunas personas no podrán porque no cumplen los requisitos como tener un documento de identidad. Otros no tendrán un lugar cercando donde registrarse por vivir en zonas rurales", alertó García.

"Pero otras, simplemente, no querrán hacerlo. Millones de personas no se inscribieron en el registro de 2009 pese a las prórrogas. Esa ausencia de registro también obstaculizó que aquel padrón se materializara, y eso bien podría pasar también ahora", pronosticó.

JUEZ BLOQUEA ACCESO A DATOS PERSONALES

Un juez mexicano frenó el martes parte de una ley federal de telecomunicaciones que obliga a los usuarios de teléfonos celulares a entregar a los proveedores del servicio datos personales para un registro biométrico.

La medida provisional bloquea una reforma a la ley que pondría a los clientes en riesgo de que se les cancelen las líneas si se niegan a facilitar sus datos, según el expediente judicial.

Los legisladores que apoyan el padrón, aprobado por el Senado la semana pasada, argumentan que es necesario para reducir el crimen, incluida la extorsión y el secuestro, al dificultar que los delincuentes permanezcan en el anonimato al adquirir nuevas líneas de teléfonos móviles.

El registro no "influye positivamente" en las actividades de seguridad pública del Estado, según el juez de segundo distrito Juan Pablo Gómez, en comentarios publicados en medios locales.

Además, el padrón requeriría que empresas como América Móvil y AT&T recopilen huellas dactilares o datos biométricos oculares de los clientes y los envíen para su inclusión en una base de datos administrada por el regulador de telecomunicaciones, el IFT. Entonces estaría disponible para las fuerzas de seguridad si lo solicitaran.

La suspensión provisional es el primer obstáculo legal que ha enfrentado el registro después de que los legisladores de la cámara baja y el Senado lo aprobaran, a pesar de la oposición de grupos de la industria de las telecomunicaciones y de derechos civiles.

Asimismo, la suspensión definitiva otorgada a un ciudadano podría producirse a finales de abril.

Grupos de derechos civiles han argumentado que el registro es una invasión de la privacidad y podría llevar a las personas a ser explotadas por delincuentes y potencialmente condenadas erróneamente por un delito. (Reuters)

¿Qué datos se deberán proporcionar?

> El nuevo padrón exige que cada titular de una tarjeta SIM facilite a su operadora telefónica su nombre, dirección, nacionalidad, número de documento de identidad con fotografía y la toma de datos biométricos, entre otros.

> Estos últimos datos -los más polémicos- podrían ir desde la toma de huellas dactilares a la identificación de voz del cliente, su reconocimiento fácil o el escaneo de iris. Será el Instituto Federal de Telecomunicación (IFT) el que determine cuál o cuáles serán obligatorios, ya que la norma aún no lo especifica

> El IFT tendrá 180 días para concretar este punto y otras "disposiciones administrativas de carácter general" a las que se refiere el decreto. Transcurridos seis meses desde esa aclaración, todo nuevo usuario ya estará obligado a facilitar sus datos para el padrón

> En cuanto a los clientes que ya cuentan ahora con una línea telefónica o que la adquieran antes de ese momento, tendrán un plazo para facilitar sus datos de dos años a partir de la publicación del decreto. Es decir, hasta el 16 de abril de 2023

> La norma es clara y determina "la cancelación en forma inmediata" de las líneas de los clientes que no realicen el trámite dentro del plazo establecido "sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna"

> Además, quienes no registren sus líneas, lo hagan fuera de plazo, no actualicen su información debidamente, hagan uso indebido de los documentos para el registro, proporcionen información falsa o accedan sin autorización a la información del padrón se pueden enfrentar a multas de entre $us 90 y $us 67.845