Durante la década de 1990, casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres fueron esterilizados durante un programa dirigido por el gobierno del expresidente Alberto Fujimori para reducir la tasa de natalidad. El programa se centró en indígenas y habitantes pobres en áreas rurales del país.
Unas 2.073 mujeres han denunciado ante grupos locales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía. En los tribunales hay pendientes aún 1.307 denuncias.
La audiencia virtual del lunes estará a cargo del juez Rafael Martín Martínez y será realizada vía videoconferencia desde las 9.30 de la mañana, con enlace desde la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía en Ate Vitarde, donde está recluido el expresidente. Los cargos serán sustentados por el fiscal Pablo Espinoza, informa la emisora peruana RPP.
Esta presentación de cargos permitirá investigar los hechos como crímenes de contra la humanidad, para que se logre acusar a los responsables, llevarlos a juicio oral y condenarlos.
Esperan justicia miles de víctimas en dos investigaciones fiscales preliminares en curso, además de las que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo).
Dos de los casos más graves son los de Celia Ramos y Mamérita Mestanza, quienes sufrieron lesiones graves seguidas de muerte, mientras que otras, como Victoria Vigo e Inés Condori, sobrevivieron, aunque con graves secuelas.
La abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) María Ysabel Cedano ha señalado la importancia de que la investigación se realice de manera imparcial sin discriminar a las víctimas ni revictimizarlas, además de que la investigación se realice con celeridad. (Europa Press)