Según documentos judiciales, ya hay más de 275 sospechosos identificados mientras investigadores, académicos y ciudadanos han respondido a la llamada en las redes del FBI a la hora de proporcionar cuanta más información mejor para capturar a los responsables.

"No estamos dejando piedra sin levantar", ha asegurado el director adjunto de la oficina del FBI en Washington, Steven D'Antuono, "y todavía queremos más".

El FBI abrió un portal para aceptar cualquier tipo de información para corroborar con un software de reconocimiento facial y una aplicación de un rastro de datos de ubicación que dejaron los teléfonos móviles de los alborotadores, habida cuenta de que, en Estados Unidos, los proveedores de servicios están obligados a entregar información en respuesta a las órdenes de registro.

PELIGRO DE CONFUSIÓN

Pero si bien la red digital demostró ser útil para las fuerzas del orden público, esta forma de identificación también conlleva riesgos para los muchos "detectives" voluntarios civiles, que están volviendo a publicar capturas de pantalla de quienes, según ellos, son infractores de la ley.

Identificar erróneamente a alguien como un alborotador, o incluso identificar correctamente a alguien que estuvo en el Capitolio pero que no participó en actos delictivos, puede ser un acto de difamación, lo que podría generar multas, demandas y costosos acuerdos.

"Cualquiera que piense 'Oh, conozco a esa persona' solo necesita llamar a las autoridades. Es más seguro, legal y físicamente", según Sandy Davidson, experta en leyes de la Primera Enmienda y profesora emérita de la Universidad de Misuri-Columbia. "Esta persona ha cumplido con su obligación ciudadana sin ponerse en riesgo de sufrir daños legales y sin dañar injustamente la reputación de otro individuo", añadió.

Otros expertos advierten contra la vigilancia generalizada de personas que pueden haber estado en el Capitolio simplemente para unirse a una manifestación política legal, la convocada previamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En cualquier caso, "nada prohíbe a las personas del público compartir información con las fuerzas del orden", añadió por su parte Greg Nojeim, director del Proyecto Libertad, Seguridad y Tecnología del Centro para la Democracia y la Tecnología.

Eso sí, "las fuerzas de seguridad deben tener cuidado de asegurarse de que la información que reciben sea útil para investigar el crimen, en lugar de investigar la actividad de libertad de expresión", ha aclarado, en declaraciones a Bloomberg.

Mientras tanto, las autoridades siguen examinando metódicamente el rastro digital dejado por la turba. Los documentos hablan de pistas dejadas en las imágenes, y conversaciones con todos los compañeros de trabajo y conocidos que llevaron a las autoridades hasta los sospechosos después de ver sus imágenes en informativos de noticias o en las redes sociales.

El fiscal federal en funciones para el Distrito de Columbia, Michael Sherwin, ha indicado en este sentido que hay "miles de testigos potenciales" que pueden conducir a "cientos de casos penales" en una investigación que se extenderá durante meses con una amplia variedad de agencias involucradas, incluidas las 56 oficinas de campo del FBI en todo el país. (Europa Press)