No es cualquier cosa lo que ocurre en Apure, territorio donde están asentados los principales grupos armados de Colombia, especialmente las guerrillas ELN y FARC, pero también es territorio de las FBL/FPLN. Esa tierra llanera es el paraíso del narcotráfico, con gran cantidad de pistas de aterrizaje de sus aeronaves. Es ahí donde florece, desde hace años, la millonaria industria del contrabando.

Hace años cuando a un militar lo asignaban para la frontera, era un castigo, por las condiciones difíciles para ejercer en esa austera región, plagada de grupos irregulares y la alta responsabilidad de custodiar el territorio y defender la soberanía.

En casi dos décadas la situación es otra; los grupos guerrilleros y armados encontraron complacencia y tolerancia en la Fuerza Armada. Poco después ya se sabían no solo tolerados sino protegidos, así empezaron a controlar abiertamente porciones de territorio; la guerrilla aquí, los paramilitares allá, las bandas delictivas más lejos.

El siguiente paso es que los grupos irregulares hicieron alianzas silenciosas con los militares venezolanos quienes, a cambio de dádivas, les permitieron hacer sus negocios en territorio venezolano.

Con el tiempo se convirtieron en una especie de socios de la extorsión, el contrabando, el paso por las trochas, el dinero o alimentos que obtienen de quienes atraviesan la frontera.

Los militares que se postulaban para ser enviados a puntos de control como Peracal en San Antonio del Táchira, empezaban a exhibir costosos vehículos, adquirían viviendas en varias ciudades, y rápidamente cambiaban de estatus económico.

Poco a poco toda la frontera se transformó en un negocio. “Hasta 60 mil dólares pagan militares para que lo asignen al estado Apure, cuando antes se quejaban y se negaban a venirse para la frontera”, dijo a Infobae un habitante de Guasdualito, municipio Páez.

Desde hace tiempo en la frontera se ha librado una guerra en la lucha de poder entre militares, especialmente altos oficiales.

LLEGÓ CHOURIO

Aunque su primer apellido es Suárez, sus compañeros de componente y el común de la gente lo llama simplemente ‘Chourio’. En orden de mérito resultó el número 30 de la promoción “Francisco de Paula Alcántara” año 1986.

Aunque no llegó a ser Ministro de la Defensa, como esperó largo tiempo, ocupó la 42 Brigada de Paracaidistas de Maracay, fue jefe de la Zona Operativa de la Defensa Integral (Zodi Aragua) y Comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) central.

Unos 700 dólares mensuales, es lo que había estado pagando el general en Jefe, Jesús Rafael Suárez Chourio por el alquiler de una casa espectacular ubicada en la calle Boca de Guerra, municipio Biruaca, diagonal al motel El Bosque, en el estado Apure. “Ayer ordenó que la entregaran, porque ya no vivirá en ella. Todo eso fue por esa denuncia de la red de tráfico sexual donde hay varios amigos de él”.

Un general en Jefe de Venezuela ganaba, a finales del año pasado, unos 9 millones de bolívares, que para ese momento era poco más de 17 dólares estadounidenses según el mercado no oficial; en ese monto se incluye sueldo básico y las primas por antigüedad, por hijos y profesionalización, además del Factor Multiplicador. Hoy esos Bs 9 millones son menos de 6 dólares.

El 7 de enero 2021, Suárez Chourio fue designado presidente de la comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional (AN).

Ha ocupado cargos de importancia en la Fuerza Armada, sin que realmente haya sido un oficial destacado.

Su mayor ventaja, con la que ha obtenido todos los privilegios, procede de ser parte de los llamados febreristas, el grupo de quienes participaron en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, cuando un grupo de comandantes, entre ellos Hugo Chávez, pretendieron darle un Golpe de Estado al entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. (Infobae)