Además, el informe sobre Venezuela fue presentado en la Reunión de Medio de Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la semana pasada. La organización también emitió una resolución en la que condena la violencia sistemática a las libertades de expresión y de prensa, y exige el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios.

La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente.

Al menos ocho estaciones de radio han sido sacadas del aire en todo el territorio nacional. La utilización de la ley Resorte que regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva es el instrumento para silenciar la radio. Por lo pronto las estaciones de radio que todavía existen están auto censuradas por el terror que genera esta ley Resorte.

El 11 de marzo la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, señaló que su oficina registró desde septiembre de 2020 una "reducción del espacio cívico", tiempo en el que documentaron "al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios".

Se refirió a las incautaciones y restricciones de las que fueron víctimas los medios. "Tan sólo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones."

Bachelet también hizo referencia de al menos 15 casos de intimidación y acoso contra periodistas en las elecciones del 6 de diciembre.

La mayoría de los medios que difunden informaciones críticas han migrado a internet. Sin embargo, el gobierno, a través de las compañías telefónicas, bloquean las páginas de acuerdo a lo que consideran noticias perniciosas para la Revolución. Son bloqueos discrecionales, puntuales y temporales.

A muchos periodistas se les ha iniciado investigaciones penales ordenadas por jerarcas del gobierno con la finalidad de silenciarlos e intimidarlos.

El 12 de octubre la Comisión del Sebin allanó la casa del abogado David Natera Febres, director de diario Correo del Caroní, en el estado Bolívar. No permitieron el ingreso del abogado a la vivienda. Los funcionarios aseguraron que luego de que rindiera una declaración lo llevarían de regreso a casa.

Luego de pasar cerca de cuatro horas en la sede del Sebin, en Puerto Ordaz, Natera fue liberado. Días después, la Comisión del Sebin allanó la sede del diario. No permitieron el ingreso del abogado y del director Natera, y a quienes estaban adentro, se les impidió el uso del teléfono. Luego de más de seis horas los funcionarios se llevaron ilegalmente a Susana Reyes, secretaria de Natera, y a la periodista María Ramírez Cabello. Fueron liberadas seis horas después.

Los personeros del gobierno utilizan los medios audiovisuales para generar odio contra los periodistas. Se estima que cinco mil periodistas se fueron del país. (SIP)