La relatora especial de la ONU para Bielorrusia, Anaïs Marin, denunció el lunes «crímenes sin precedentes en alcance y gravedad» perpetrados en el último año, por lo que emplaza a las autoridades a poner fin a la «represión» y a «respetar escrupulosamente las legítimas aspiraciones» del pueblo bielorruso.

Marin, la experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos, ha presentado este lunes su informe anual en que recoge «violencia policial generalizada contra los manifestantes, casos de desaparición forzosa, acusaciones de tortura y maltratos, así como intimidaciones continuas y acoso a actores de la sociedad civil».

«Las autoridades bielorrusas han lanzado un ataque total contra la sociedad civil recortando un amplio espectro de derechos y libertades atacando a gente de todo tipo y persiguiendo a defensores de Derechos Humanos, periodistas y trabajadores de medios de comunicación y abogados», denunció Marin en su intervención ante el Consejo.

«La represión es tal que miles de bielorrusos han sido obligados o forzados a dejar su patria y buscar seguridad en el extranjero, que un avión civil fue obligado a aterrizar en Minsk el pasado 23 de mayo aparentemente para poder detener a un disidente que viajaba a bordo. Ningún opositor al actual Gobierno está a salvo, en ninguna parte», lamentó.

El informe señala que el deterioro de la situación de los Derechos Humanos comenzó en la primavera de 2020 y tuvo su clímax tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto de ese año. Durante la campaña se informó de prácticas cuestionables tales como expulsar a la mayoría de los candidatos de la oposición. También hubo denuncias de fraude con los votos.

35.000 DETENIDOS

«La desconfianza en la legitimidad del resultado electoral provocó protestas populares mayoritariamente pacíficas a las que las autoridades respondieron con un uso de la fuerza injustificado, desproporcionado y a menudo arbitrario», aseguró Marin, que ha cifrado en 35.000 los detenidos por ejercer su derecho a la libertad de reunión, incluidos mujeres y niños.

Los detenidos habrían sido «golpeados, maltratados, torturados» y se han denunciado además «violaciones, desapariciones forzosas e incluso asesinatos» que aún deben ser investigados.

Esta impunidad contrasta con la persecución en los tribunales con cientos de casos penales abiertos contra activistas de Derechos Humanos, abogados, periodistas y personal médico que «simplemente hacían su trabajo».

«El sistema legal y judicial de Bielorrusia protege a los responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos» con impunidad por lo que «no hay garantía de no repetición».

Por todo ello, Marin pidió a la comunidad internacional que siga exigiendo la liberación de los detenidos por motivos políticos apoyando iniciativas para que rindan cuentas los responsables de estos crímenes.

Marin denunció, además, deficiencias en el sistema educativo tales como discriminación de las personas con discapacidad, de las minorías etno-lingüísticas, de los residentes en regiones rurales y de las personas privadas de libertad.

«Insto a las autoridades bielorrusas a poner fin a su política de represión, a liberar de forma inmediata e incondicional a los detenidos de forma arbitraria y a garantizar el pleno respeto a los Derechos Humanos y las aspiraciones democráticas legítimas del pueblo de Bielorrusia», remarcó Marin, que advierte de que un agravamiento de la situación de los Derechos Humanos y del aislamiento del país podría tener «consecuencias desastrosas» para Bielorrusia.

(Europa Press)