Esta acción es considerada como un "hito histórico" para las víctimas del conflicto ocurrido en el país en 2012, cuyas consecuencias todavía se perciben en la actualidad, estima la ONG Human Rights Watch (HRW), especializada en el seguimiento de los Derechos Humanos en todo el mundo.

En lo que se refiere al grupo guerrillero, los acusados, Patrice-Edouard Ngaïssona y Alfred Yékatom, son los líderes de más alto rango que se han sometido a juicio y los primeros que comparecen ante el CPI en el marco del conflicto que estalló hace una década, cuando las milicias mayoritariamente musulmanas de Séléka derrocaron al presidente François Bozizé, iniciando una brutal operación de represalia, muchas veces indiscriminada, por parte de los antibalaka, de mayoría cristiana.

"La apertura del juicio de Yékatom y Ngaïssona es un hito para víctimas de crímenes brutales cometidos en el conflicto más reciente de la República Centroafricana", aseguró la directora adjunta de justicia internacional de HRW, Elise Keppler.

Kepler ha denunciado que "un vacío de justicia" ha alimentado la constante violencia registrada en el país, ahora escenario de una nueva ola de ataques protagonizados por integrantes de ambos grupos armados que han violado los acuerdos de paz y lanzado una ofensiva contra la capital, Bangui, y el actual presidente, Faustin-Archange Touadéra. Se da prácticamente por seguro que Bozizé está detrás de la acción de estos grupos.

Yékatom, conocido como “Rombhot”, era un cabo en el Ejército regular centroafricano que se autoascendió a "coronel" tras asumir un puesto de liderazgo clave en los antibalaka. Ngaïssona, por su parte, se autoproclamó coordinador político antibalaka antes de acabar desempeñando un alto cargo en la Confederación de Fútbol Africano.

Human Rights Watch entrevistó a Ngaïssona el pasado 3 de septiembre de 2014, el cual ni refutó que los antibalaka fueran responsables de algunos abusos, ni que él mismo fuera un líder de los antibalaka.

Yékatom se enfrenta 21 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, mientras que Ngaïssona enfrenta 32 cargos de ambos crímenes. Se les acusa de ataques indiscriminados contra población civil, asesinato, dirigir intencionadamente un ataque contra un edificio religioso, de la deportación o traslado forzoso de la población y del reclutamiento forzado de niños soldados. Ngaïssona también de enfrenta un cargo de violación.

El tribunal emitió órdenes de arresto contra Yékatom y Ngaïssona en noviembre y diciembre de 2018, y ambos fueron transferidos al CPI poco después por la República Centroafricana y Francia, respectivamente.

El juicio se produce inmediatamente después del traslado por República Centroafricana, el pasado 24 de enero, del primer sospechoso rebelde Séléka ante el CPI: Mahamat Said Abdel Kani, acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la capital del país en 2013.

Más de 1.400 personas figuran como "víctimas participantes" en el juicio de Yékatom y Ngaïssona, representadas por dos grupos de abogados, en una característica innovadora de la justicia internacional que permite a las víctimas, a través de sus representantes legales, contribuir al proceso, independientemente de declarar como testigos. La participación puede incluir interrogar a testigos y hacer presentaciones sobre temas de hecho y de derecho.

Las investigaciones de la CPI en la República Centroafricana se complementan con el Tribunal Penal Especial, un tribunal establecido en Bangui integrado por jueces y fiscales internacionales y centroafricanos, y los tribunales ordinarios del país.

La Corte Penal Especial comenzó a funcionar en 2018, pero aún no ha celebrado su primer juicio. También ha habido al menos dos procedimientos contra ecomandantes antibalaka en tribunales nacionales, incluido un juicio en 2020 de 28 combatientes antibalaka por crímenes cometidos en la ciudad de Bangassou.

Todo esto se enmarca en la segunda investigación sobre crímenes en la República Centroafricana que realiza el CPI, a instancias de una petición formulada por el Gobierno del país africano en 2014. La primera investigación se relacionó con un conflicto anterior, en 2002 y 2003, que resultó en la absolución de Jean-Pierre Bemba, exvicepresidente de República Democrática del Congo.

"El juicio de Yékatom y Ngaïssona y la transferencia de Said deberían actuar como un mensaje inequívoco para aquellos que se aprovechan de los civiles: no están fuera del alcance de la ley", declaró Keppler, quien ha pedido no obstante al CPI y al Tribunal Especial que aumenten sus esfuerzos para "solidificar una nueva era de rendición de cuentas y hacer justicia a los más afectados por los crímenes". (Europa Press)