¿Se imaginan caminar más de 1.000 km con sus hijos y una maleta con sus pertenencias? Esa es la maratoniana travesía que han realizado muchos refugiados y migrantes venezolanos que huyen de la crisis que sufre su país, para llegar a un refugio seguro en otros países de América Latina y el Caribe.

Se trata de la segunda mayor crisis de desplazamiento forzado de una población fuera de su país en el mundo, después de la de Siria. Con más de 5,6 millones de personas afectadas, el éxodo venezolano equivale a la población de Dinamarca, desplazándose al resto de la Unión Europea. Sin embargo, esta crisis pasa en gran medida desapercibida y apenas se informa de ella en el resto del mundo.

La pandemia ha añadido aún más dificultades, aumentando los numerosos riesgos que corren las personas venezolanas al tratar de llegar a un lugar seguro. Las prolongadas medidas de confinamiento obstaculizan los esfuerzos de los refugiados y migrantes para encontrar trabajo. Las mujeres y las niñas, en particular, están expuestas a riesgos aún mayores de explotación y xenofobia. Y el impacto de la pandemia no solo afecta a los refugiados y los migrantes: en toda la región, las comunidades locales están sufriendo mucho.

A pesar de las dificultades que atraviesan en este momento, los países de América Latina y el Caribe han hecho frente a este reto silenciosa y generosamente, atendiendo a las necesidades inmediatas y comprometiéndose a la integración social y económica. Los países de acogida están haciendo todo lo que pueden por ofrecer a sus hermanas y hermanos venezolanos una vida digna. Algunos ya han otorgado a las personas desplazadas un estatus legal para que puedan acceder a servicios de salud y educación, vivienda y trabajo formal. De manera crucial, durante la pandemia, muchos han sido incluidos en las campañas nacionales de vacunación contra la Covid-19. Hemos visto iniciativas audaces y valientes para dar protección a millones de personas que están en situación irregular. Sin embargo, estos esfuerzos están superando la capacidad de la región, y es necesaria ayuda.

Mientras los países de acogida intentan asumir esta enorme responsabilidad, el apoyo internacional en esta crisis resulta insuficiente. El llamamiento de financiación de las Naciones Unidas del año pasado solo obtuvo la mitad de la cantidad precisa para apoyar a los necesitados. La pandemia de la Covid-19 ha atraído tanta atención y tantos recursos del mundo que ha eclipsado esta crisis.

La comunidad internacional debe hacer más.

No actuar sin demora podría poner en peligro la estabilidad regional. Además, un número elevado de refugiados y migrantes sin vacunar agravaría la severa crisis económica y de salud pública de la región.

Si establecemos colectivamente las condiciones adecuadas, esta crisis podría convertirse en una oportunidad. Los venezolanos aportan habilidades, conocimientos y un espíritu emprendedor que puede ayudar a impulsar la recuperación económica de la región tras la crisis de la COVID.

Por ello, Canadá, siguiendo los pasos de la Conferencia de 2020 organizada por España y la Unión Europea, acoge el 17 de junio una Conferencia virtual internacional de donantes de alto nivel en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Queremos visibilizar el impacto que está teniendo esta crisis y la carga que están asumiendo principalmente los países de acogida de la región. Se trata nada menos que de generar un sentido de urgencia, para que gobiernos organizaciones multilaterales, instituciones financieras internacionales, sector privado y sociedad civil demuestren su solidaridad.

Ya es hora de que tanto los refugiados y migrantes venezolanos como sus comunidades receptoras sepan que al mundo le importan.

La declaración corresponde a Karina Gould, ministra de Desarrollo Internacional de Canadá; Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España; Josep Borrell, alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, y Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes Venezolanos.