Es la primera vez desde que se firmó el acuerdo de paz, en noviembre de 2016, que el tribunal atribuye responsabilidades criminales a antiguos líderes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que dejaron las armas y se reintegraron a la sociedad.

"Privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes", dijo la magistrada Julieta Lemaitre al leer un comunicado de la JEP.

La magistrada afirmó que también se imputó a los antiguos miembros del máximo órgano de dirección de las FARC otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Entre los acusados se encuentran Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Milton de Jesús Toncel.

Los líderes de las extintas FARC tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones, según la JEP.

En caso de aceptar las imputaciones pueden recibir entre cinco y ocho años de restricción de la libertad, que puede incluir trabajos de reparación como el desminado y la sustitución de cultivos ilícitos.

Pero en caso de rechazarlas, se exponen a ser condenados hasta a 20 años de cárcel, según los términos del acuerdo de paz firmado para acabar con un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.

De inmediato no se produjo ninguna reacción de los acusados, pero en septiembre del año pasado los antiguos comandantes de las FARC, incluido su máximo líder, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", pidieron perdón y aceptaron que se equivocaron con los secuestros.

El presidente, Iván Duque, dijo en un acto de Gobierno que las sanciones por graves delitos, como el secuestro, deben ser proporcionales y efectivas.

La JEP aseguró que los motivos de la extinta guerrilla para los secuestros fueron obtener recursos económicos y financiar su guerra contra el Estado, mientras que la retención de militares y funcionarios del Gobierno buscaba presionar la liberación de guerrilleros encarcelados.

Las víctimas de los secuestros de las FARC, algunas de las que permanecieron años privadas de la libertad en medio de la selva, aseguran que aún experimentan daños a su salud mental por el sufrimiento físico, emocional y moral al que estuvieron sometidos.

La JEP, que abrió siete grandes casos contra las FARC, documentó 21.396 víctimas de secuestro del otrora grupo rebelde que desmovilizó más de 13.000 personas, quienes como parte de su proceso de reintegración conformaron un partido político y tienen 10 escaños en el Congreso.