“Reducción de espacio cívico en Venezuela es preocupante”
De junio del 2020 a mayo pasado, la oficina de Bachelet documentó 97 incidentes de estimagtización, criminalización y amenazas «contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición» en el país sudamericano.
Al presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos en la nación miembro de la OPEP, Bachelet agregó que, en esos casos documentados, algunos están vinculados con activistas acusados «de delitos penales por formas legítimas de participación cívica. Estas son señales de la reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización».
La detención de tres miembros de la ONG Fundaredes «hace solo tres días es un ejemplo preocupante. Aprovecho esta intervención para solicitar el acceso urgente de abogados defensores de su elección», dijo Bachelet.
Fundaredes, la más activa en divulgar abusos y choques armados en zonas de la frontera con Colombia, denunció el viernes la detención de su director, Javier Tarazona, y la de su hermano José Rafael Tarazona, además de Omar de Dios García y el activista de derechos humanos Yhonny Romero. Romero fue liberado horas más tarde.
A los tres detenidos se les imputó por instigación al odio, traición a la patria y terrorismo, y el tribunal fijó como sitio de reclusión una cárcel en Caracas. El abogado de los detenidos dijo que esa audiencia se realizó con asistencia de defensa pública.
Venezuela dijo en un comunicado divulgado en la cuenta oficial de la cancillería que «a partir de un puñado de supuestas denuncias de violación de derechos humanos, se realizan acusaciones no verificadas» en los informes de la oficina de la alta comisionada.
Es parte de una «falsaria construida para alimentar artificialmente un expediente ante la Corte Penal Internacional, con el objetivo político de desestabilizar las instituciones democráticas del país», agregó el texto fechado el lunes.
La alta comisionada dio la bienvenida «a las nuevas iniciativas anunciadas por el Gobierno incluyendo las reformas de la policía y de la justicia» y que buscan, de acuerdo con el gobierno, descongestionar los hacinados centros de detención preventiva.
Las condiciones de detención «siguen siendo preocupantes, aún más en el contexto de la pandemia del Covid-19. Hago un llamado para a que se garantice a todas las personas privadas de la libertad el acceso a una alimentación adecuada, agua, saneamiento y atención sanitaria», dijo Bachelet, expresidenta chilena. (Reuters)
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