La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz y el Control Social rechazan el incremento del pasaje de Bs 2 a Bs 2.40 aprobado y difundido por el alcalde paceño, Iván Arias, indican que la determinación los sorprendió y anuncian reuniones para analizar las medidas que tomarán. En tanto, desde la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) anunciaron que presentarán una Acción Popular, en defensa de los paceños.

“Hemos sido sorprendidos por esa determinación de un incremento irracional, son casi un 24 por ciento que se ha elevado las tarifas, es una cifra demasiado alta. Ahora, no sabemos si se ha seguido todos los procesos, porque tenemos entendido que es una ley del Concejo (Municipal), una ordenanza, la que determina cualquier incremento de tarifas. Seamos claros, parece que no ha habido interlocutores válidos en estas negociaciones”,  manifestó el presidente de la Conaljuve, Benjamín Cáceres.

Recordó que una situación similar ocurrió en 2016 cuando el entonces alcalde de La Paz Luis Revilla incrementó los pasajes de Bs 1.50 a Bs 2, con la seguridad de que los choferes realizarían mejoras en sus vehículos, normativas y atención al usuario, entre otros aspectos. Pero casi nada de eso se cumplió, por eso, con esa experiencia, los vecinos temen que se repita lo mismo, además subir los pasajes implica un “efecto multiplicador”.

“Esta elevación va a tener un efecto muy fuerte, ese 24 por ciento que señalamos que está elevando, lamentablemente va a ser mucho más”, advirtió el representante vecinal.

Ante esa situación recalcó que no están de acuerdo y anuncian reuniones para definir las medidas que asumirán sobre el tema.

“Las juntas vecinales del país, por principio, por esencia, rechazamos cualquier nivel de incremento que se pueda dar en el precio del pasaje del transporte público (…) vamos a esperar las repercusiones básicas que se de en cada una de las instancias subyacentes a la Conaljuve Bolivia”, sostuvo Cáceres, a tiempo de indicar que se contactaron con la Fejuve de El Alto y de Santa Cruz.

Asimismo, aseguró que la primera medida que realizarán será convocar a una reunión, “para que definamos los verdaderos dirigentes” cuál es la situación respecto al transporte, pero hay otras cosas.

Además, “vamos a intentar hacer una Acción Popular porque esto ya ha sido determinado hay una resolución, si no hubiere habido esa resolución tendríamos que haber salido a las calles de forma inmediata y hacer retroceder a cualquier autoridad”, expresó.

El representante de la Conaljuve también se dirigió a los transportistas y les explicó que “el efecto de la elevación del costo de vida, el efecto de que no  hay dólares, esto es un efecto que se ha dado por culpa del Gobierno y eso afecta absolutamente a todos (…) por ello no tenemos que tener sectores privilegiados que digan: nos está afectando y en este entendido vamos a elevar, por esto es un rechazo contundente”.

Advirtió que los vecinos “de cualquier forma, nos vamos a poner de acuerdo” y “no vamos a permitir ningún incremento”.

De la misma manera, la presidenta de las juntas vecinales del Macrodistrito Centro, Pilar Aguilar, señaló que convocarán a una Asamblea de la Paceñidad para analizar las nuevas tarifas y presentar un pliego petitorio a las autoridades municipales. En caso de no ser atendidos, advierte con activar movilizaciones desde el 11 de marzo.

“Nos sube el pasaje y nos está perjudicando, y nuevamente van a subir los alimentos, estamos destinados a vivir en la miseria, hay familias que tienen varios hijos y vamos a tener que pagar varios pasajes”, mencionó.

En tanto, la Alcaldía habla de beneficios de la nueva tarifa, entre ellos el pasaje diferenciado de Bs 2 para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, además de que se implementarán nuevas medidas de control y sanción.

Entre ellas, la instalación de GPS que permitirá identificar la ubicación de los vehículos por líneas. Los choferes tienen un plazo máximo de seis meses para la instalación de esos dispositivos que permitirán dar seguridad al ciudadano, además de hacer el control de que los minibuses cumplan su ruta de principio a fin, trabajen sábados, domingos y feriados y además los horarios nocturnos.

Asimismo, todo minibús deberá tener su tarjeta de operación visible para que los usuarios puedan identificar a los conductores infractores. Estos también se comprometieron a mejorar los vehículos en el tema de las ventanas, vidrios y asientos.

Los conductores que no cumplan con los compromisos acordados serán sancionados con multas “económicas” e inclusive con la suspensión de las líneas.