El crecimiento de la minería ilegal, el intervencionismo estatal, la incertidumbre política, la informalidad en la actividad extractiva y el deterioro ambiental, entre otros, figuran en la lista de los problemas que asfixian a este sector.

La minería boliviana, histórica columna vertebral de la economía nacional, vive un momento crucial. Por un lado, crece la demanda internacional de recursos minerales, que el país posee; pero, por otro, el sector padece por la falta de inversiones, el crecimiento de la minería ilegal, incumplimiento de normativas ambientales y conflictos sociales ante el debilitamiento de las entidades estatales. “La minería boliviana se encuentra en una encrucijada que podría definir el futuro económico del país”, coinciden expertos.
“Bolivia es un país con importantes reservas de minerales, pero sin las condiciones que permitan el desarrollo de ese potencial en su vasta geografía andino-amazónica. La falta de inversiones, la inseguridad jurídica, el intervencionismo estatal, la incertidumbre política, la informalidad en la actividad extractiva y el deterioro ambiental, entre otros, figuran en la lista de los problemas que asfixian y estancan a este fundamental sector económico”, sostiene el informe “Hacia una minería sostenible, competitiva e inclusiva”. Estrategia de Desarrollo Minero, presentado en noviembre pasado por la Fundación Milenio.
Pese a esas trabas, la minería boliviana “tiene el potencial de responder a la creciente demanda internacional de metales”, recalca Henry Oporto, director de la Fundación Milenio. Según Jaime Villalobos, geólogo y exministro de Minería, Bolivia posee 31 de los 38 metales críticos identificados por Estados Unidos para la transición energética, pero la falta de modernización en sus prácticas mineras limita su capacidad para competir con países como Chile o Australia, que han avanzado en la implementación de tecnologías sostenibles.
“Las oportunidades representan hoy la suma de la demanda de metales tradicionales, que mantiene una tendencia de crecimiento, con la de nuevos metales, estimulada por la transición energética y la revolución tecnológica y digital. Pero las oportunidades se pierden, si no se desarrollan las capacidades de la minería en Bolivia, por ahora condicionadas por una producción estancada, escaso valor añadido y exportaciones con centradas en pocos minerales altamente dependientes de las cambiantes cotizaciones internacionales”, puntualiza el informe de Fundación Milenio.

DECLIVE DE LA MINERÍA
Bolivia recibió el año electoral 2025 en un contexto de crisis económica y falta de divisas. No obstante, el sector minero se mantuvo como el principal aportante de divisas al país.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023, el 52% del total de las exportaciones de Bolivia provino del sector minero. Asimismo, desde 2016 las exportaciones mineras se han consolidado como las más importantes del país y actualmente superan las exportaciones combinadas del sector gasífero y agroalimentario.
Bolivia es uno de los principales productores mundiales de minerales como el estaño, la plata, el zinc y el tungsteno. Según el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sergeomin), el país produce el 5,73% del estaño mundial y el 4,74% de la plata. La minería representa aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y es una fuente importante de exportaciones y empleo, especialmente en las zonas rurales donde muchas familias dependen de esta actividad, a pesar del costo ambiental y social.
En los últimos dos años, la minería en Bolivia ha comenzado a entrar en declive de exportaciones e inversiones. En 2024, registró $us 5.700 MM por concepto de exportaciones, monto que se queda corto con los registrados por Perú ($us 44.000 MM) o Chile ($us 58.000 MM), países de la región que poseen equiparable potencial minero.
En 2023, la Inversión Extranjera Directa (IED) neta en minería alcanzó los $us 129 MM; sin embargo, el saldo final fue negativo en 20 millones de dólares, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB). En contraste, Perú recibió $us 4.900 MM en IED minera, mientras que Chile alcanzó los $us 8.000 MM. El mismo año no se registró ninguna inversión privada minera en Bolivia. “Esta situación pone en riesgo el desarrollo a largo plazo del sector”, alerta la Asociación Nacional de Mineros Medianos (ANMM).

ACTORES DE LA MINERÍA
Hay tres actores en la actividad minera boliviana: cooperativistas, privados y estatal. En conjunto, aportaron $us 569.134.337 en 2023, por concepto de regalías, patentes e impuestos. Y 77% de toda esa recaudación minera fue generada por actores mineros privados, indican datos del Ministerio de Minería y Metalurgia y el INE.
Las mismas fuentes señalan que las cooperativas mineras generan el 58,1% de la producción minera y aportan el 0,2% de los impuestos; mientras que el sector privado, con el 35,1% de la producción, aporta el 98,3% de los impuestos. Por su parte, la minería estatal, que representa un 6,1% de la producción total, contribuye con un 1,5% de los impuestos generados por el sector.
En este panorama se suma la minería ilegal que comprende la actividad extractivista abiertamente informal y aquella realizada por algunas cooperativas que, siendo un actor legal y reconocido en la Ley Minera, incumplen las normas. Sin aportar regalías ni impuestos al Estado, la minería ilegal no solo destruye el medio ambiente, sino que también perpetúa la explotación laboral al poner a los trabajadores en condiciones precarias.
El impacto ambiental de la minería ilegal es profundo: la deforestación masiva, la contaminación de los cuerpos de agua y el uso de mercurio y cianuro en la extracción de oro dañan irremediablemente los ecosistemas y las fuentes de agua. Esto afecta a las comunidades que dependen de ellas.
Henry Oporto destaca que los principales daños ambientales en Bolivia provienen de la minería ilegal. “La minería informal, dominada por cooperativas, utiliza técnicas atrasadas y tiene una capacidad de gestión limitada”, explica. Subraya la importancia de formalizar la minería informal e integrar a las cooperativas al sector formal mediante capacitación técnica, administrativa y ambiental. Destaca, asimismo, la necesidad de respetar los derechos indígenas y garantizan una minería responsable que minimice los impactos negativos en el medio ambiente.

MEDIDAS URGENTES
Si la tendencia sigue, la minería boliviana podría perder hasta un 51% de sus exportaciones hasta 2031, advierte la ANMM. En este complejo panorama, se requieren medidas urgentes. Los expertos coinciden: se precisan nuevas inversiones en el corto plazo para evitar una crisis minera, ajustes a la Ley 535 que combatan la informalidad y den un trato impositivo más justo y cambios estructurales en las entidades estatales del sector para devolver la institucionalidad a la minería. Todo con una meta clara: la minería en Bolivia debe transitar hacia la sostenibilidad.
Jaime Cuéllar, abogado experto en minería, enfatiza la necesidad de una nueva ley minera que integre a todos los actores: estatal, cooperativistas y privados. “La falta de control normativo ha convertido a Bolivia en un centro de importación y contrabando de mercurio”, advierte y propone reformas jurídicas que ofrezcan garantías y seguridad a los inversionistas, empresas y cooperativas, y que promuevan tecnologías limpias. Destaca también la importancia de establecer un régimen de promoción, incentivo y protección de las inversiones privadas, y la necesidad de modernizar varias normas, como el Código Tributario y la Ley del Trabajo, para atraer más capital y generar empleo de calidad.
Henry Oporto subraya la importancia de formalizar la minería informal e integrar a las cooperativas al sector formal mediante capacitación técnica, administrativa y ambiental. Enfatiza, asimismo, la necesidad de respetar los derechos indígenas y garantizar una minería responsable que minimice los impactos negativos en el medio ambiente.
Jaime Villalobos recalca los recursos naturales del país. “Bolivia tiene un territorio con un potencial mineralógico significativo y una geología favorable para diversas ocurrencias mineralógicas y oportunidades mineras atractivas”, asevera y cita vetas en el oriente, el occidente y el área del precámbrico, donde se encuentran minerales tradicionales y no tradicionales como cobre, estaño, plata, wólfram, bismuto, plomo, recursos evaporíticos, litio, potasio, boro, magnesio, sodio y minería aluvial de oro y estaño. Sin embargo, resalta la necesidad de condiciones jurídicas sólidas para atraer inversiones y promover una minería sostenible.

MINERÍA SOSTENIBLE
Si bien la minería ha sido y es una de las principales fuentes de ingresos para el país, el modelo extractivo actual enfrenta obstáculos, tanto a nivel ambiental como social. Las actividades mineras tradicionales, como la extracción de oro y estaño, suelen llevar consigo un alto costo ecológico: la deforestación, la contaminación de ríos y lagos, y la destrucción de ecosistemas esenciales. Estos problemas no solo afectan el entorno natural, sino que también impactan directamente a las comunidades cercanas a las áreas de explotación.
Uno de los mayores problemas ambientales es el uso indiscriminado del mercurio en la minería del oro. A pesar de ser parte del convenio de Minamata, Bolivia ha incumplido sus compromisos para erradicar el uso del mercurio. Este metal pesado no solo contamina el medio ambiente, sino que también pone en riesgo la salud de las comunidades cercanas a las zonas mineras. En la minería aluvial, el uso excesivo de mercurio ha afectado ríos y tierras agrícolas, complicando los esfuerzos de recuperación ecológica en varias regiones. Por ejemplo, en la cuenca del río Madre de Dios, que cruza varias regiones del norte, los altos niveles de mercurio en el agua afectan tanto a la fauna acuática como a las comunidades que dependen de estas aguas para su consumo diario.
Para superar estos problemas es imperativo que el país dé un giro hacia un modelo de minería sostenible. Este cambio no solo debe basarse en la adopción de tecnologías más limpias, sino en un compromiso profundo con el bienestar social y la equidad.
La minería sostenible tiene el potencial de ser una herramienta para un desarrollo inclusivo, que no solo sea económicamente viable, sino que también respete y beneficie a las comunidades y al medio ambiente. Esta transición representa una oportunidad para que Bolivia aproveche sus recursos naturales sin sacrificar sus ecosistemas y una vía factible para paliar la crisis. (Agencias)
A menudo, las comunidades cercanas a las áreas mineras son las que más sufren las consecuencias de la minería informal. Las políticas mineras deben garantizar que los beneficios de la explotación minera lleguen a estas comunidades y no se concentren solo en los grandes actores económicos. La transición a una minería sostenible debería incluir la creación de empleos dignos, el fortalecimiento de políticas laborales y la implementación de tecnologías limpias que reduzcan la huella ambiental de las actividades extractivas.
En este objetivo es vital el rol del gobierno, no sólo como actor minero sino también como el encargado de brindar seguridad jurídica a potenciales inversores, distribuir equitativamente los impuestos, garantizar las reformas a la ley y aportar también con inversiones. ERBOL solicitó reiteradamente una entrevista con el ministro de Minería sobre estos temas cruciales; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se ha recibido respuesta.