El próximo 9 de marzo de 2025 dará inicio el proceso electoral hondureño con la celebración de las elecciones primarias. Este proceso electoral reviste una importancia crucial, ya que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Electoral, las elecciones presidenciales se definen en primera vuelta mediante una mayoría simple. Esto convierte a las primarias en un pulso de carácter político en el que los partidos miden sus fuerzas de cara a las elecciones generales.

En estos comicios, los partidos políticos en contienda seleccionarán a sus candidatos para la Presidencia de la República, tres vicepresidencias, 128 diputaciones con sus respectivos suplentes para el Congreso Nacional, así como 298 alcaldías municipales. Los aspirantes elegidos en esta fase competirán en las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025.

Son tres los partidos políticos que participan en las elecciones primarias. En el Partido Nacional, los aspirantes a liderar la institución son el exalcalde Nasry “Tito” Asfura, la ex – primera dama Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, el actual diputado Jorge Zelaya y el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano. En el caso del Partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente en el poder, los precandidatos son la ministra de Defensa, Rixi Moncada, y el vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé. Por el Partido Liberal, los aspirantes a la candidatura presidencial son Jorge Cálix, Salvador Nasralla, Maribel Espinoza y Luis Zelaya.

CRISIS EN PARTIDO NACIONAL

La crisis del Partido Nacional (PN), hegemónico entre 2010 y 2022, está estrechamente ligada a la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico, que llevaron a la captura y condena del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022). Extraditado y sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, su legado representa una carga para los cuatro precandidatos nacionalistas.

El colapso del PN ha abierto la puerta a un resurgimiento del Partido Liberal (PL), que dominó la política hondureña desde su fundación en 1891 hasta la crisis de 2009. En aquel entonces, el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), al intentar modificar la Constitución para habilitar su reelección con el respaldo de Hugo Chávez, fracturó el partido. Su expulsión dio origen a Libre, que se consolidó como el principal rival del PN y llegó al poder en 2022 con Xiomara Castro como presidenta. Ahora, con el PN debilitado, el PL busca recuperar su liderazgo histórico.

Entre los precandidatos liberales destaca Salvador Nasralla, reconocido por su trayectoria como presentador deportivo en un canal de televisión de Tegucigalpa, fue designado vicepresidente en las elecciones de noviembre de 2021 como parte de una alianza entre su partido y Libertad y Refundación (Libre), la fuerza política liderada por Xiomara Castro. Ha sido candidato presidencial en tres procesos electorales consecutivos (2013, 2017 y 2021), compitiendo con distintas formaciones y alianzas, incluidas algunas con Libre.

A pesar de no ser un tradicionalista liberal, Nasralla goza de gran popularidad debido a su presencia mediática y a su estilo de liderazgo populista. Su discurso «anti-casta», que ha promovido desde la fundación del Partido Anticorrupción (PAC) en 2013, lo posiciona dentro de la nueva ola populista global. No obstante, su principal reto será consolidar su aceptación dentro del Partido Liberal (PL), que deberá elegir entre respaldar a un outsider con un fuerte apoyo ciudadano o apostar por un candidato más vinculado a la estructura partidaria, como Luis Zelaya o Jorge Cálix.

CONTINUIDAD, CORRUPCIÓN Y EL NARCOTRÁFICO

En el oficialista Libre, dos precandidatos disputan la nominación: Rixi Moncada, persona de confianza del matrimonio presidencial (Zelaya – Castro) y Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional. Las encuestas otorgan una ventaja significativa a Moncada, quien representa la continuidad del proyecto de gobierno. Sin embargo, Libre enfrenta acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

En 2024, la publicación de un “narcovideo” por Insight Crime desató un escándalo al revelar una reunión en 2013 entre poderosos narcotraficantes y el político Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara. En el video, los criminales ofrecían 650.000 dólares para financiar la campaña de Libre.

El escándalo desató una profunda crisis política dentro del partido gobernante, resultando en la renuncia de Carlos Zelaya, quien hasta ese momento era diputado y secretario del Congreso Nacional, así como de su hijo José Manuel Zelaya, quien se desempeñaba como secretario de Defensa de Honduras, y de Rafael Sarmiento, líder de la bancada oficialista en el Congreso, señalado por Carlos Zelaya como el responsable de coordinar la reunión. Este escándalo ha reforzado las acusaciones del Partido Liberal (PL), que sostiene que el oficialismo podría estar utilizando fondos provenientes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales.

FACTORES CLAVE

Más allá de la disputa partidaria, la campaña electoral estará marcada por varios temas cruciales, como la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, la crisis económica y las relaciones con Estados Unidos. Un punto de controversia ha sido la reciente propuesta de Xiomara Castro de cerrar la base militar estadounidense en Palmerola, en respuesta a las posibles deportaciones masivas de hondureños bajo la administración de Donald Trump. Para materializar esta medida, el gobierno de Castro tendría que cancelar el acuerdo de asistencia militar bilateral firmado con Estados Unidos en 1954, lo que pondría en peligro décadas de cooperación y podría generar tensiones diplomáticas, así como sanciones económicas. Esta propuesta ha desatado fuertes críticas de Nasralla, quien acusa al gobierno de acercarse a China y advierte que Libre busca instaurar un modelo autoritario similar al de Venezuela.

Las acusaciones de fraude también jugarán un papel importante en el transcurso de la contienda. Nasralla ha insinuado que Libre podría intentar manipular el proceso electoral, lo que podría derivar en una crisis institucional similar a la ocurrida en 2017, cuando el Partido Nacional (PN) fue señalado de irregularidades en la reelección de Juan Orlando Hernández.

Por último, la violencia electoral sigue siendo un factor de preocupación. El reciente asesinato de un precandidato municipal en Lamaní, Comayagua, a menos de 40 días de las primarias, pone en evidencia el aumento en la polarización y la violencia política, lo que resalta la urgente necesidad de garantizar un proceso electoral seguro, libre y transparente. (Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda/Latinoamérica21)

Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda es investigadora del Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca. Profesora en el Área de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Burgos.