La Fiscalía de la Corte Penal Internacional formalizó la ampliación de la denuncia en contra la presidenta Dina Boluarte, quien es investigada por la muerte de más de 50 peruanos y los 344 ciudadanos que resultados heridos debido a la represión policial durante las protestas ocurridas entre enero de 2022 y febrero de 2023, tras asumir el mando del país luego de la destitución de Pedro Castillo.

En ese sentido, el Ministerio Público investiga a la mandataria por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves.

Luego de la destitución de Pedro Castillo, Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú; sin embargo, ciudadanos de distintas regiones del país como Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Ayacucho y Arequipa protestaron en su contra exigiendo la convocatoria a elecciones generales. Durante las manifestaciones, se registraron hechos de represión contra la población por parte de las fuerzas del orden. En ese sentido, la Fiscalía investiga a los responsables de las muertes y lesiones ocurridas.

«La ampliación a que hacemos referencia se basa en la necesidad de completar información concreta sobre lo ocurrido en los últimos meses en relación con tales hechos y la situación de las víctimas, de acuerdo con los requerimientos jurídicos de la CPI», se lee en el comunicado.

DENUNCIADA POR MUERTES

Según el comunicado firmado por 18 figuras políticas, la ampliación de la denuncia contra Dina Boluarte se debe a que, desde agosto de 2024, surgieron nuevos elementos relacionados con las autoridades judiciales en el Perú, luego de constatar que aún no hay una condena por los hechos denunciados y que ninguna persona fue llevada a juicio por el Poder Judicial.

«En efecto, desde agosto de 2024 a la fecha, surgieron una serie de elementos nuevos relacionados con la conducta de las autoridades del Perú mientras se confirma, ante propios y extraños, que nadie purga condena por los abominables ilícitos penales que referimos, nadie fue llevado a juicio y nadie fue acusado ante el Poder Judicial. Esto nos obliga a actualizar la denuncia con estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos», se lee en el comunicado.

«Asimismo, con el apoyo de organizaciones internacionales, tenemos previsto promover la creación de una Comisión de la Verdad, que determine con precisión la magnitud de los hechos y contribuya con la plena identificación de todos los responsables», agregaron los ciudadanos.

FORMALIZAN 18 INVESTIGACIONES

El pasado 11 de julio del 2024, la Fiscalía de la Nación informó la formalización de 18 investigaciones preparatorias que involucran a 154 integrantes de la Policía Nacional y del Ejército del Perú. El Ministerio Público los acusa de haber causado muertes y lesiones a 267 personas durante las protestas sociales que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 en contra de Dina Boluarte.

Las indagaciones abarcan varias regiones del país, incluyendo Ayacucho, Puno, Cusco, Apurímac, Lima, Selva Central, Ucayali, Arequipa y La Libertad, lo que resalta la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante estas manifestaciones.(La República, Perú)