Tras la aprobación de la nueva reforma penal que permite que niños y adolescentes sean trasladados a cárceles para adultos en El Salvador, la organización Human Rights Watch (HRW) alertó sobre los abusos a los que se exponen los menores.

El Congreso salvadoreño, controlado por diputados afines al mandatario Nayib Bukele, decidió que los menores detenidos y condenados por nexos con el crimen organizado, particularmente las pandillas, sean enviados a una prisión regular.

Según señaló la Ong HRW en un comunicado, se trata de una medida que «vulnera estándares internacionales de justicia juvenil y los expone a mayores riesgos de abuso».

Dicha ley, que fue sancionada por el presidente Bukele el pasado 13 de febrero, establece el traslado de menores acusados de “delitos cometidos en modalidad de crimen organizado” a pabellones separados dentro de centros penitenciarios para adultos administrados por la Dirección General de Centros Penales (Dgcp).

«Los niños y niñas, que ya sufrieron abusos aberrantes en centros de detención juvenil, enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles para adultos», asegura Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW.

Además, Goebertus señala que esta medida “limitará sus posibilidades de rehabilitación», pues el sistema penitenciario para adultos de El Salvador «ha sido responsable de torturas y otros graves abusos» de modo que no deberían ser trasladados allí «bajo ninguna circunstancia».

Human Rights Watch asegura que reclusos de centros penitenciarios para adultos en El Salvador permanecen completamente incomunicados, sin acceso a recursos legales, en condiciones de hacinamiento extremo, tortura y violencia y con acceso limitado a comida, agua potable y atención médica.

Desde marzo de 2022, Bukele libra una «guerra» contra las pandillas amparado en un régimen de excepción, bajo el cual más de 83.000 personas fueron detenidas. Unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes.

En un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó «detenciones arbitrarias, torturas y graves violaciones del debido proceso contra niños y niñas desde los 12 años de edad».

Más de 3.000 niños y adolescentes fueron detenidos desde que Bukele declaró el régimen de excepción, «muchos de ellos sin vínculos aparentes con las pandillas o actividades delictivas», critica la oenegé. «Las detenciones en muchos casos parecen estar basadas únicamente en denuncias anónimas o en su apariencia física», sostiene.

La organización asegura que algunos policías reconocieron que «las autoridades los presionaban para arrestar diariamente a un número determinado de personas». Varios niños detenidos y sus familias habían sido víctimas de la violencia de las pandillas, agrega la HRW.

Según organizaciones locales de derechos humanos, 368 personas murieron en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción.(RFI)