“Estamos como si no tuviéramos voz; como si nos cortaran la lengua”, declaró a la Unidad de Monitoreo de la ANP el presidente de la Regional Chamaca del municipio La Asunta, de la provincia Sud Yungas, René Llojlla.
El director de Fiscalización de la estatal Autoridad de Telecomunicaciones (ATT), Félix Pinto, señaló a la ANP que las movilizaciones de los cocaleros “están manipuladas por los responsables de las emisoras, que al verse descubierta su ilegalidad, buscan el apoyo mal informando a la gente”.
Desde principios de año, tres emisoras apagaron sus equipos por diferentes motivos. En enero, Radio Yungas de Chulumani (Sud Yungas), cesó su labor informativa tras 40 años de actividades y su licencia no fue renovada por la estatal ATT.
Hace una semana, la privada radio FmBolivia que emitía señal desde Chulumani, sufrió el retiro de su licencia de funcionamiento porque, según la ATT, operó en zonas donde no contaba con autorización.
Un portavoz de la emisora explicó que otras emisoras se adherían a algunas emisiones informativas a manera de una cadena que también se emplea desde medios estatales, y ello fue argumento para la sanción.
Pinto informó que durante el periodo de seguimiento de las transmisiones, un medio localizado en el municipio de Coripata se identificó como FmBolivia, radio que cuenta con la licencia para transmitir solo en una frecuencia, para la localidad de Chulumani y no así en otras regiones de los Yungas.
Radio Activa de propiedad de los vecinos de la localidad Calzada, en el municipio La Asunta, Sud Yungas, sufrió el decomiso de sus equipos porque no contaba con una autorización de funcionamiento.
En el municipio de La Asunta, Radio Alternativa, fue sancionada con 30.000 bolivianos, unos 4.300 dólares, por incumplimiento de requisitos técnicos, según Llojlla.
“Lo que tienen en común estos medios es que son contestatarios del gobierno”, y otros medios que siguen la línea editorial del gobierno no sufren estas sanciones, explicó el dirigente.
Decenas de productores de coca marcharon ayer por las calles de La Paz y defendieron la libertad de expresión comprendida en la Constitución Política del Estado (CPE) y esperan una respuesta de la ATT.
Llojlla recordó que el artículo 107 de la propia Constitución señala que “El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades”.
De ese modo justificó su respaldo a Radio Activa.
Las radioemisoras afectadas hacen respetar la dignidad de los Yungas, ante la amenaza de erradicación de cocales en una zona tradicional, y cuando los dirigentes ignoran los principios de Adepcoca que debe mantenerse alejada de la política partidaria, afirmó el representante de los productores de coca.
Pinto aseguró que toda radio puede continuar con sus transmisiones luego de obtener las licencias respectivas y el cumplimiento de sus obligaciones legales.