El organismo señaló en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Twitter que pudo confirmar «ejecuciones sumarias de civiles» durante la jornada del 20 de abril en las localidades de Karma, Dinguiri, Ramdolah, Kerga y Ménè, todas ellas en la comuna de Barga.

Asimismo, lamentó que el balance provisional continúa aumentando mientras siguen las operaciones de búsqueda en la zona. Hasta ahora se documentó 136 muertos en Karma, entre ellos 21 menores, incluido bebés de menos de un mes a los que se suman seis asesinados en Dinguiri, dos en Ménè y tres en la ruta que conecta Ouahigouya y Barga.

El CISC relató que las declaraciones de cinco «fuentes directas» apuntan a que el asalto fue llevado a cabo el 20 de abril en torno a las 7.30 horas, cuando «hombres armados que vestían uniformes militares burkineses» llegó a Karma a bordo de motocicletas, camionetas y blindados.

En este sentido, el CISC hizo hincapié que «a consecuencia de esta matanza, los habitantes de las aldeas de la comuna de Barga y las localidades vecinas abandonaron sus tierras para refugiarse en Ouahigouya».

De esta forma, hizo hincapié en que esta masacre no es algo aislado y argumentó que «parece que la impunidad abre la vía a todas las derivas posibles para poder arreglar cuentas con masacres a gran escala».

Por ello, reclamó a la junta militar burkinesa que «revise de forma urgente la política de lucha contra el terrorismo, que lleva a una banalización de la vida humana», a tiempo que especificó que el presidente de transición, Ibrahim Traoré, debe «desmarcarse» de la misma y «mostrar una postura de hombre de Estado, defensor del derecho a la vida y que protege a todos sus conciudadanos».

El CISC aplaudió sin embargo a las fuerzas de seguridad «por luchar noche y día para garantizar la seguridad de los ciudadanos» y solicitó a la población que denuncie «estos crímenes, contrarios a los intereses de la nación». Por último, solicitó una investigación «completa e imparcial» sobre estos «crímenes horribles».

El fiscal general de la región de Ouahigouya, Lamina Kaboré, aseguró la semana pasada estar enterado de estos hechos y dijo que su gravedad está probada. «He dado las instrucciones necesarias, para iniciar todos los procesos a fin de esclarecer la situación», dijo.

Las autoridades burkinesas decretaron recientemente una movilización general para hacer frente al aumento de ataques yihadistas, obra tanto de la filial de Al Qaeda como la de Estado Islámico. El repunte de la inseguridad provocó una oleada de desplazados internos y refugiados hacia otros países de la región. (Europa Press).