El Tribunal de Sentencia Penal 1º, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Achacachi, Distrito Judicial de La Paz, desconoce el tiempo que Juan Bascopé Cari, sentenciado a 30 años de prisión por los conflictos de erradicación de coca en Apolo en 2013, desconoce el tiempo que el acusado lleva con detención, según certificación a la que EL DIARIO tuvo acceso.

“En referencia al tiempo que su persona se encuentra con detención preventiva de la revisión del cuaderno de Juicio Oral en el mismo no cursa el mandamiento de detención preventiva del cual se desconoce desde que fecha su persona se encontraría con detención preventiva (sic)”, señala el documento firmada por la secretaria del juzgado.

Al respecto, el abogado Eusebio Vera, manifestó a EL DIARIO que el extremos podría darse por negligencia de la funcionaria en la revisión de la documentos o que el juzgado cautelar no haya remitido todos los antecedentes al tribunal de sentencia.

Aclaró que a momento de presentar la acusación fiscal, el juzgado cautelar pierde competencia y al existir la acusación debe remitir, previo sorteo, a un tribunal de sentencia, todos los antecedentes, incluida la orden de detención.

“Puede ser también una negligencia de la secretaria del juzgado, de no haber revisado de manera exhaustiva todos los antecedentes que cursan en el caso (…). En situaciones normales tendría que estar en el cuaderno del caso. En caso de que la orden esté en el cuaderno y no haya sido advertida por la secretaria, puede derivar en un responsabilidad contra la funcionaria”, explicó.

APELACIÓN

La certificación también refiere que Juan Bascope Cari presentó recurso de apelación restringida a la sentencia N19/2020, de fecha 18 de diciembre de 2020. El procesado fue notificado con la sentencia en fecha 26 de marzo de 2021, en el penal de San Pedro, la cual fue apelada el 19 de abril de 2021.

“Informar que la apelación fue observada y subsanada y devuelta a la sala Penal Segunda”, señala el documento.

El martes 18 de abril, el defensor del pueblo, Pedro Callisaya, manifestó que pedirá detalles del caso, toda vez que en 2015, esa institución pidió que retire la denuncia por tortura, para “alivianar” el caso.

“La Defensoría va a disponer un acercamiento a la persona, la revisión del caso, las condiciones en la que se encuentre y la denuncia que hubiere presentado. No podríamos tolerar un acto de tortura frente a una persona, vamos a investigar”, dijo Callisaya en entrevista con radio Fides.

JUAN BASCOPÉ

Juan Bascopé sueña cada noche con estar libre. Extraña a sus hijos y a su comunidad -Copacabana en Apolo- donde lo tenía todo: familia, casa, comida, salud y un emprendimiento exitoso como apicultor. Pero los casi nueve años en la cárcel y el sistema de justicia se lo arrebataron: su nieto y su esposa fallecieron mientras estaba preso, sus propiedades fueron saqueadas, su familia está lejos, su madre, por su avanzada edad, ya no le puede visitar y su salud cada día se agrava a consecuencia de las torturas sufridas.

“Mi sueño es estar en libertad, salir de este encierro injusto, mi sueño es continuar con mi proyecto de apicultura, estar junto con mis hijos, eso sueño muy seguido, eso sueño cada día, cada noche” dice Bascopé desde su celda precaria del penal de San Pedro de La Paz.

Extraña los encuentros familiares y las comidas ante una gran mesa y bajo el cálido clima de Apolo, pero eso quedó como un recuerdo lejano, “todo por una calumnia que las autoridades asumieron como verdad sin comprobar”.

Todo inició el 19 de octubre de 2013, cuando la Fuerza de Tarea Conjunta -conformada por policías y militares- intervino cultivos excedentarios de coca en la comunidad de Miraflores, en Apolo, municipio del Norte de La Paz, pero se encontró con la resistencia de los productores. El saldo fue tres uniformados y un médico muertos. El Ministerio Público acusó a Bascopé de esos decesos, junto a otros cocaleros, pese a que él no se encontraba en el lugar en el momento de los hechos.

Casi un año después, el 17 de julio de 2014, Bascopé fue detenido en la localidad de Mapiri, en los Yungas de La Paz, donde también desarrollaba labores apícolas.

Antes de entrar a la cárcel Juan Bascopé vivía bien en Apolo como apicultor, además tenía una mina de oro, animales, dos kioscos, una tienda de abarrotes, elaboraba pan junto a su esposa y sus hijos estudiaban en un colegio particular. “Vivía muy feliz y contento con mi familia”, recuerda.

“Mi alegría se ha arruinado por esa calumnia que me han hecho” repite.

Hoy a sus 52 años, pese a que fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto y tiene la salud cada día más disminuida, es optimista de que pronto se conocerá la verdad de lo que pasó aquel día y pueda salir libre. Bascopé es parte de esos raros casos judiciales donde de espectador, a varios centenares de metros del lugar de las muertes, resulta ser el único responsable y sentenciado.

Los jueces liberaron a 24 encauzados, y luego de cinco años de paralizado el caso, sin contar con pruebas científicas ni el arma homicida y solo con testimonios no corroborados, sentenció a Bascopé a la pena máxima. Declaró rebeldes y contumaces a los otros coacusados y ya no investiga. Esta sentencia puso en duda una vez más la calidad formativa de los jueces, e investigativa de los fiscales, integrantes de una justicia desacreditada y sin personalidad sometida a los designios del poder político.

NACIDO PARA APICULTOR

Tal es la pasión por la apicultura de Juan Bascopé que a más de 20 años recuerda con precisión la fecha en que inició sus estudios. Fue un 3 de febrero del año 2000, en pleno cambio de siglo, gracias a una beca de Care Bolivia.

“Siempre quise aprender, pero nadie me quería enseñar, en Yapacaní aprendí un poco, pero desconocía la parte técnica” recuerda. Su formación duró tres años, ahora es especialista en el tema: sabe hacer láminas de cera, producir la reina, producir jalea real, polen y todo el trabajo de carpintería para las colmenas. “Llegué a tener 750 colmenas, era bastante amplio mi trabajo en la apicultura”, señala.

Construir 750 colmenas implicó una fuerte inversión, aproximadamente 3.500 bolivianos por unidad para esos tiempos. Su proyecto era llegar a 5.000 colmenas y pensar en la exportación, pero todo el plan se truncó con la detención y tortura policial-militar a la que fue sometido.

“Aquí, en el encierro de la cárcel, mi vida se derrumbó totalmente, cambió para mal, ya no podía trabajar, cayeron mis ingresos económicos hasta quedarme en la ruina, gracias a mi familia estaba sobreviviendo, con la ayuda de mi esposa, pero ella ya no está y desde ahí ya no he podido” indica.

Su cuerpo no pudo recuperarse de los cuatro días de brutal tortura. No puede trabajar, levantar peso cada vez le es más difícil, tiene la presión alta, constantes dolores de hombro y cabeza. No tiene ninguna atención del Gobierno, ninguna terapia ni tratamiento, todo corre por su cuenta y la ayuda de organizaciones solidarias.

Antes trabajaba día y noche en sus colmenas, en la carpintería, en la mina. Era un hombre fuerte. Pero ahora es distinto. Teme que cuando salga libre ya no pueda trabajar y sea una carga para su familia. “De eso tengo miedo, porque así me siento, cómo voy a sobrevivir afuera, muchas cosas pienso”.

Pero el daño a su salud no es solo físico, también es mental y el impacto es muy fuerte. El recuerdo de los cuatro días de tortura -17, 18, 19 y 20 de julio de 2014- siempre está presente y se repite cada año sobre todo por esas fechas.

Dar testimonio de lo que le hicieron le genera un intenso dolor de cabeza. Tuvo que soportar completamente solo todo el poder del Estado boliviano en las manos embrutecidas de policías y militares que hicieron con él lo que quisieron, con el propósito de destruirlo, con el propósito de anularlo como persona para que acepte las muertes de Apolo.

“Ya no quiero recordar esos días, pero cada año llega la fecha y recuerdo cómo he sufrido, cómo me han hecho los militares, los policías, cómo me han torturado”, dice.

Por más que trata de olvidar, los recuerdos se agolpan, le llena de angustia la crueldad de un Estado que destruye a quienes considera sus enemigos, un Estado sin principios de derecho y que ha naturalizado junto a sus autoridades un delito de lesa humanidad: la tortura.

“A veces estoy con lágrimas recordando esas fechas, aunque no quiero, es inevitable, por eso yo oro a Dios para no recordar esas fechas, pero siempre recuerdo, me ha dejado un trauma”.

Aquel 17 de julio de 2014, Juan Bascopé fue llevado por más de una veintena de policías y militares a las dependencias del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) en la zona Sur de la ciudad de La Paz, donde los efectivos consumaron una venganza.

El inmueble, ubicado en la avenida Costanera, fue testigo de una de las escenas de tortura más terribles en democracia. Ni bien ingresó recibió golpes contundentes de patadas y puñetes. Los militares, con ropa de camuflaje, según recuerda, se ensañaron con él. Un efectivo le sostuvo la cabeza por los pelos y le propinaba repetidos golpes en la cara, al hígado y al vientre mientras otros lo sostenían. Su cabeza retumbaba, sus oídos zumbaban, su cara empezó a sangrar. No tenía forma de protegerse ni quién pueda defender sus derechos. El físico recio de un agricultor de estatura mediana cedió ante los golpes de gente mucho más alta y fornida. Al percatarse, en medio de la golpiza, de la presencia del fiscal Luis Ferrufino y de un viceministro de Gobierno, del que no pudo identificar el nombre, se sintió el ser más desamparado.

Este abuso solo sería la antesala del dolor. En el mismo CEIP, fue entregado a cinco policías que investigaban el caso. Lo subieron a un piso más arriba en el viejo inmueble, donde funcionaba un gimnasio. Le cubrieron la cabeza ensangrentada con una bolsa negra, esposaron sus manos hacia adelante y amarraron sus pies. Fue derribado al piso e inició la investigación científica. Juan recibía pisotones, golpes en la cara, en el vientre, mientras una voz enérgica y encolerizada le exigía que confiese la autoría de las muertes y entregue las armas. No podía respirar, la bolsa se quedaba sin oxígeno y se inundaba de sangre.

“Ahí recibí puñetazos y patadas, me pisoteaban en el suelo, con mis brazos trataba de protegerme la cara, traté de resistir con todas mis fuerzas, pero no pude”, cuenta Juan.

Despertó por la noche esposado a una cama de fierro, con todo el cuerpo adolorido y morado. Dos policías que hacían de custodios le dijeron: “Cómo te van a hacer eso, es mucho abuso, de milagro estás vivo”. El suplicio continuó al día siguiente en el viaje a Apolo. En pleno vuelo fue amenazado por el coronel Luis Arce Jiménez con ser lanzado al vacío sino revelaba el escondite de las armas. El helicóptero tuvo que retornar antes de llegar al destino por el mal tiempo.

El 19 de julio, ya en Apolo, la Policía lo volvió a torturar, con patadas, puñetes y culatazos, al no encontrar las armas que supuestamente escondía Juan en la comunidad de Miraflores. Nuevamente el fiscal Luis Ferrufino fue testigo del trato cruel. Al retornar de Apolo efectivos de los Diablos Rojos le fracturaron tres costillas y le destrozaron los dedos de la mano con un fierro en la vagoneta en la que se trasportaban.

En la audiencia de medidas cautelares Bascopé denunció las torturas sufridas. Mostró su pecho con un inmenso hematoma, necesitaba atención médica, pero la jueza Dina Larrea minimizó la denuncia y no la tomó en cuenta.

Los policías torturadores, entre ellos un capitán de nombre Andrés y los subtenientes Mauricio Rojas Rodríguez y Romer Álvarez Cuaretti, fueron procesados en libertad y hasta la fecha no existe una sentencia contra ellos. Por este caso ningún militar fue procesado.

Las secuelas de la tortura física y sicológica le acompañan a Juan nueve años después. Persiste el dolor en el tórax, en los omóplatos, en los hombros, en el ombligo; sufre frecuentes dolores de cabeza y presión alta. “Desde aquella fecha no puedo sanar, no estoy tranquilo, no puedo dormir tranquilo”.

Agradece la ayuda de su familia, amigos y organizaciones como el Instituto contra la Tortura (ITEI) que se interesaron sinceramente por él para que pueda realizar algún tipo de terapia, aunque sea parcial, pero lamenta y cuestiona el actuar de la Defensoría del Pueblo que en 2015 le pidió que retire la denuncia por tortura.

El nuevo defensor, Pedro Callisaya, tampoco hace nada. Solo ha actuado cuando surgió un requerimiento internacional. Pero del Estado no recibió nada más que trabas, ni un tratamiento especializado ni una terapia. Solicitar salida médica es el primer obstáculo que debe sortear. Debe realizarlo ante el juez de Achacachi, todo un trámite que puede hacerlo solo con ayuda de un familiar o un amigo, si tienen tiempo.

La orden de fisioterapia rehabilitadora a la que accedió ahora está paralizada. No pudo continuar con el tratamiento por falta de dinero. “Por ahora es un gasto que no puedo pagar”, dice.

“Hasta la fecha yo sigo gastando mis recursos económicos, si tengo recursos salgo a hacerme una revisión, sino tengo no salgo”, remarca. La garantía constitucional de acceso a la salud gratuita de los privados de libertad es una quimera. En las cárceles solo funcionan las leyes del capital donde todo tiene un precio.

El Gobierno nunca se interesó por investigar la tortura que sufrió Juan Bascopé y menos resarcirle. Por el contrario, encubrió a sus agresores, a los autores materiales e intelectuales. Su caso es de interés de organismos mundiales como Amnistía Internacional y el Subcomité contra la Tortura, menos de las autoridades nacionales.

JUSTICIA ANTIÉTICA

En el caso Apolo, por el que fue acusado y sentenciado, apunta al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno de prestarse a una falacia y no investigar nada. Solo lo procesaron a él y no a los responsables que se pasean por la ciudad y comentan cómo ocurrieron los hechos, según dice.

Bascopé reconoce a Gregorio C., Felicito E. y otros pobladores de Apolo que le tenían envidia por su situación económica. “Esas personas hasta la fecha siguen calumniándome, siguen atropellando a mi familia, y a eso se ha prestado el Ministerio Público que encubre a los autores intelectuales, a los autores materiales de los hechos en Apolo y también a los torturadores”.

Incluso cuenta que uno de los implicados, Pastor Ch., lo visitó en la cárcel y le reveló cómo fue planificado y se dio instrucción a exsoldados de la comunidad para que se enfrenten a los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta.

“Ha venido el 9 de octubre de 2021 y me ha contado: ‘Yo he planificado con el Gregorio C.’, me dijo”, refiere Bascopé.

La planificación fue para hacer frente a los efectivos de erradicación de coca que ingresaron a la comunidad de Miraflores en la madrugada- que según la Fiscalía fueron emboscados por los comunarios aquel 19 de octubre de 2013 y donde Bascopé habría actuado.

“Ese 19 de octubre de 2013 había una multitud de gente y a esa gente la han incitado, han planificado, los que han hecho enfrentar, y esa gente no está aquí en la cárcel y soy yo quien tiene que pagar, una persona inocente, por una culpa ajena”, enfatiza Bascopé que nunca aceptó los cargos y declaró su inocencia, pese al acecho de los abogados de la Defensa Pública que por lo único que se interesaron fue porque se acoja a un juicio abreviado.

Cuestiona que los fiscales hayan hecho la investigación desde el escritorio, sin ninguna prueba científica en el lugar de los hechos, sin inspección técnica ocular, sin pruebas materiales ni pruebas de balística ni planimetría y considerando solo los “testimonios calumniosos” no corroborados, ratificados ni confirmados de algunos militares, según lo que también aseveró el abogado Eusebio Vera.

Una sentencia insustancial, dislocada de la realidad, de los jueces Oscar Pablo Pérez Coarite y Mariela Pérez Sejas del Tribunal 1° de Sentencia Penal de Achacachi le otorgó a Bascopé, el único sentenciado, 30 años de cárcel sin derecho a indulto por los delitos de asesinato, lesiones graves y gravísimas, asociación delictuosa, instigación, porte o portación ilícita y encubrimiento.

De acuerdo a los “testigos”, Juan Bascopé estuvo casi al mismo tiempo en cuatro lugares diferentes y fusil en mano iba abriéndose paso en medio de efectivos entre policías y militares -140 llegaron al lugar-, disparando y amedrentando. “Ni que fuera Rambo para hacer eso”, dice Bascopé.

Lamenta que nunca se le haya dado la oportunidad para declarar de forma libre y tranquila. Solo firmó papeles cerca de la media noche del día en que fue torturado cruelmente, frente a los fiscales Gregorio Blanco y Luis Ferrufino, que al verlo muy golpeado y con la cara hinchada le exigieron que confiese. Y firmó el papel que le pusieron en frente como un mecanismo de defensa para parar la tortura.

“Después de ocho años he declarado en mal estado de salud, entonces, yo pido que se haga una investigación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se investigue en el lugar de los hechos, lamento el actuar de estos funcionarios de la justicia que no tienen moral ni ética”, reclama.

Pero el optimismo no lo abandona, saliendo libre, aunque a media máquina, pretende continuar en sus proyectos, en la agricultura, en la apicultura, en la mina y remarca que seguirá denunciando hasta que sepa la verdad, no quiere que el caso Apolo ni las torturas sufridas queden en la impunidad.

Pide a las autoridades judiciales -aunque sabe que no gozan de ninguna credibilidad- que le garanticen el debido proceso para hacer frente a la calumnia que ahora lo mantiene preso, y que le ayuden a mejor su salud, dentro de un sistema penal que no tiene la capacidad de garantizar la vida de nadie.

“No voy a poder trabajar físicamente, pero voy a invertir y voy a contratar personas que tienen conocimiento en el campo, voy a continuar trabajando por mis hijos, por mis nietos, para seguir adelante, no me voy a rendir, voy a continuar”, proclama desde su cautiverio. (EL DIARIO y ANF)