El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, denunció que el Gobierno pretende iniciar una “cacería de brujas” ilegal para sustentar la “falsa teoría” del supuesto golpe de Estado, siguiendo la receta de la dictadura en Venezuela.
> Se espera que la audiencia de medidas cautelares del acusado se efectúe hoy. La Fiscalía aseveró que existen acusaciones de otros detenidos que vinculan a Hamdan con los hechos del 26 de junio.

Con la detención del presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda) en Bolivia, Fernando Hamdan, tras ser implicado por el supuesto golpe de Estado del 26 de junio, activistas y opositores ven con alarmante preocupación que está situación se le salió de las manos al Gobierno y advierten que, de seguir así, puede desencadenar en más vulneraciones a derechos humanos.
Ayer en horas de la madrugada, Hamdan fue aprehendido en Santa Cruz tras ser sorpresivamente acusado de estar involucrado en el alzamiento militar del miércoles 26 de junio. Luego fue trasladado a La Paz y remitido a celdas judiciales de la fuerza anticrimen, según informó el abogado Jorge Valda, en conferencia de prensa, quien considera que el hecho “llama poderosamente la atención”.
“Esta situación verdaderamente se ha salido de control por parte del Gobierno de Luis Arce Catacora” y “puede alcanzar límites insospechados si no se pone freno a la persecución ilegal”, sostuvo el jurista, por lo que instó a instancias observadoras de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, a observar de cerca lo que puede ocurrir en este caso.
Valda explicó que Hamdan, activista dedicado a luchar por la liberación de presos políticos, participó en varias denuncias internacionales de vulneración de derechos humanos.
La Cidhpda, por su lado, es una oenegé fundada en 2017 en Estados Unidos, por activistas latinos defensores de los derechos humanos que fomentan la cultura de paz, refleja el portal noticioso Brújula Digital. Esta entidad exigió al Gobierno boliviano la liberación inmediata de su comisionado en Bolivia y todas las garantías constitucionales a su favor, a través de un boletín de prensa emitido ayer.
El Gobierno indicó que la acción militar del 26 de junio fue un intento de golpe. Sin embargo, la oposición y otros sectores calificaron el hecho como un “autogolpe”.
El sábado 6 de julio, la Procuraduría General del Estado informó que se abrió la etapa preliminar de investigación por este caso, al cual denominó “golpe de Estado III”. Por estos hechos, el Ministerio Público admitió seis imputaciones formales y amplió la investigación de 24 personas a cinco delitos.

ADVIERTEN PERSECUCIÓN INDISCRIMINADA
Tras conocerse el hecho, la detención del activista encendió las alarmas en la oposición y población civil. La senadora de Creemos, Centa Rek, calificó la detención de Hamdan como “arbitraria” y exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie “por los abusos cometidos en Bolivia bajo la narrativa de golpe de Estado”.
Valda también informó que defenderá al acusado conjuntamente con una comisión de diez abogados, en un contexto “crítico” para la situación de los derechos humanos en Bolivia. Hasta ayer, no se conoció exactamente el fundamento o los detalles de la acusación en contra de Hamdan.
El diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, advirtió que esta detención significa que el Gobierno “ya no va a guardar las formas” y que a partir de ahora la persecución de líderes de oposición, activistas e incluso periodistas será “indiscriminada”.
Por su parte, el legislador de la misma bancada, Alejandro Reyes, denuncia que el Estado pretende iniciar una cacería de brujas ilegal para sustentar la “mentira” del supuesto golpe de Estado del 26 de junio, “aplicando la receta” de la dictadura en Venezuela. “No se puede permitir que este gobierno avance con una mentira cuando se les cae a pedazos la gestión”, señaló en sus redes sociales.
Asimismo, varias personas a través de redes sociales expresaron su preocupación por la detención de Hamdan y su respaldo hacia el comisionado de derechos humanos en Bolivia. La asamblea de la Unión Civil Cruceñista se adhirió a la causa y exigió al gobierno de Arce que se brinden las garantías constitucionales al acusado.