“A partir de los hechos acaecidos no solo en octubre de 2019, sino también en las Elecciones Subnacionales de marzo de 2021, corresponde trabajar desde el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático en la prevención de los delitos electorales”, manifestó el Vocal.
Díaz manifestó que la gente debe conocer que el hecho de quemar o destruir ánforas, actas electorales y en definitiva obstaculizar cualquier proceso electoral de ninguna manera se puede considerar como un derecho del ciudadano, sino un delito electoral y esto deriva en una responsabilidad penal.
Además que esto perjudica el desarrollo normal de actividades de las instituciones, lo que impacta negativamente en la población, porque en el caso de la quema del TED Pando se tuvo que prever un presupuesto para alquilar ambientes durante tres años. Si bien a partir del presente año el TED Pando volvió a ocupar algunos de los ambientes siniestrados; el Servicio de Registro Cívico de Pando todavía paga alquileres.
Hubo varias etapas en este proceso penal por “los delitos de robo agravado, destrucción y deterioro de bienes del Estado, y asociación delictuosa”, en contra ocho personas acusadas, dos se acogieron al procedimiento abreviado, dos fueron declaradas rebeldes y cuatro recibieron sentencia condenatoria, informó Díaz Vedia.
El proceso penal se constituyó a partir de la denuncia en 2019, luego derivó en la investigación preliminar, la etapa preparatoria, la imputación, la acusación, decisión y conclusión del juicio oral, tras la lectura de la sentencia íntegra, los acusados podrían recurrir en apelación del fallo, posteriormente podría inclusive hacerse uso del recurso de casación, explicó el vocal responsable del Área Jurídica del TED Pando, Moisés Díaz Vedia.
Finalmente, la autoridad dijo que aún quedan tres procesos penales que también están en curso sobre lo que sucedió en las Elecciones Subnacionales 2021 en los municipios de Santa Rosa, El Sena y Nueva Esperanza, donde se cometieron delitos electorales con la quema y destrucción de material electoral, con la consecuente afectación al derecho político de los habitantes de los señalados municipios.