“El Tribunal Constitucional no quiere resolver a propósito. Por supuesto lo que quiere es imposibilitar la elección judicial, porque parece haber un negocio político entre el Ministro de Justicia y el Tribunal Constitucional, porque quieren prorrogarse en su mandato”, afirmó Gutiérrez.
En criterio del legislador cruceño, la salida para unas elecciones judiciales transparentes es trabajar en una ley que establezca qué entidades y quiénes pueden postular, además de definir cuál será la modalidad de calificación a los postulantes, para así evitar la manipulación política.
“Se puede integrar una comisión amplia, en la que estén representantes del Gobierno, de la sociedad civil organizada, el Colegio de Abogados, para que todos aquellos con experiencia y entendidos en la materia judicial puedan ser parte de la elaboración de la preselección y no sea precisamente la Asamblea Legislativa la que determine cómo se elegirá a los magistrados”, dijo.
Para ello se requiere trabajar en consenso pues existe el riesgo de que el gobierno opte por el “decretazo”, finalizó.