Según el asambleísta nacional, los datos que se obtengan de la próxima medición censal no lograrán modificar la cantidad de escaños asignados para cada departamento en la Asamblea Legislativa ni mucho menos se usará para mejorar las condiciones de vida de los bolivianos, cuando el verdadero problema es el modelo de Estado.

“Con ese censo no vamos a cambiar la cantidad de parlamentarios para sumar o restar la representación (de los departamentos), si no cambiamos el modelo de Estado no nos sirve de nada tener más senadores o diputados”, manifestó Paz.

En este sentido, afirmó que el actual modelo de Estado no está hecho para que funcione en beneficio de las regiones, sino que funcione solamente “para el Estado central”.

Manifestó además que, por las características y la fecha determinada para la ejecución del censo, esta actividad solo arrojará datos para que sean usados en la organización de los comicios de 2025, tanto por autoridades encargadas de la medición como por las organizaciones que participen del proceso.

“El censo de marzo de 2024 es un censo electoral. Lo que se está haciendo ahora es saber dónde está la gente, como vive y que necesidades tiene, porque es la información que van a usar para las elecciones del 2025”, finalizó Paz.

En noviembre de 2022, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, fijó la fecha del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda para el 23 de marzo de la gestión 2024, en tanto que, la distribución de recursos será aplicada hasta septiembre de ese mismo año, en base a resultados preliminares.

El primer mandatario hizo este anuncio después de una escala de tensión y enfrentamientos en la ciudad de Santa Cruz, a causa del paro indefinido que exigía adelantar la medición para este año.

Luego de la exigencia de regiones y sectores movilizados por la ejecución del Censo para que esta fecha sea oficializada mediante una norma, en diciembre del mismo año, Arce promulgó la “Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral” aclarando que con esa norma no se vulnera competencias del Ejecutivo. “La ley que se aprobó en diputados y senadores no es una ley de la derecha, fue propuesta por asambleístas del MAS, no vulnera competencias del nivel central y no dice nada más de lo que ya está establecido en nuestra Constitución, no es una ley del censo sino una ley de aplicación”, aclaró la autoridad.

La norma también determina la entrega al Tribunal Supremo Electoral, en septiembre de 2024, de los datos censales para la reasignación de los escaños de cara a las siguientes elecciones generales.