Después de 32 meses de detención preventiva, el exdirector de Migración, Marcel Rivas, acusado por presuntamente permitir la salida irregular de territorio nacional de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, fue absuelto ayer en audiencia de juicio, informó a EL DIARIO el abogado Karlo Brito, que patrocina a la exautoridad.

“Ha estado dos años y ocho meses preso y le han dado una absolución, han dicho que es inocente, pero sigue detenido por otro caso”, dijo Brito a tiempo de precisar que la lectura plena de la sentencia se conocerá a las 14.00 horas del viernes 11 de agosto.

En este caso, Rivas fue acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

El 8 de noviembre de 2020, Luis Arce era posesionado como presidente del Estado y el día 19 de ese mes la Policía aprehendía al exdirector de la Dirección General de Migración, Marcel Rivas, bajo sospecha de haber “facilitado la fuga” de los ministros de Defensa y Gobierno del gabinete de Jeanine Añez.

Rivas fue director de Migración durante el gobierno de Jeanine Añez y su cargo dependía del Ministerio de Gobierno, entonces al mando de Arturo Murillo, que días antes del cambio de gobierno, junto con su par de Defensa, Luis Fernando López, salieron del país por vías no controladas o pasos no autorizados.

En la oportunidad, Rivas denunciaba el carácter político de su aprehensión y aseguraba que en el caso de Murillo y López él ya no ejercía funciones en Migración, por tanto, el proceso era un montaje y una aberración jurídica.

“Lamentablemente el Ministerio Público todavía está siendo presionado por intereses partidarios que lo único que buscan es tener un trofeo político”, señalaba.

“No existe ningún elemento de convicción que dirija las investigaciones, hacia alguien de Migración, mucho menos su director haya ayudado a salir a los exministros y peor aún, cuando en mi caso, yo dejé de ser director antes de que salgan las órdenes de aprehensión y los impedimentos de viaje”, acotó Rivas en una de sus pocas declaraciones públicas en medios de comunicación.

“El Ministerio Público no quiere saber la verdad, ellos quieren un trofeo político y como no pudieron conseguir (otro), por culpa de su propia ineficiencia, porque son ellos quienes debieron activar la alerta migratoria directamente desde su sistema y no tardar un día o 48 horas, o recurrir a hojas de ruta”, aseguró Rivas en su audiencia de medidas cautelares.

ALERTAS MIGRATORIAS

Con Arce en el poder y el nuevo ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se impulsó la denuncia contra Rivas por presunto uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, por otro tema relacionado a la emisión de 445 alertas migratorias, supuestamente sin respaldo legal.

Del Castillo presentaba media docena de archivadores y anticipaba que ese despacho se convertiría en la parte acusadora contra Rivas para “dejar un precedente” contra quienes “usaron las instituciones del Estado para perseguir a quien piensa diferente”.

Al respecto, Brito manifestó que las alertas que su cliente activó cuando estuvo en el cargo, buscaban reducir la trata y tráfico de personas, que las mismas también podían haber sido activadas por funcionarios policiales y de la Fiscalía, ya que Migración les facilitó una contraseña para el fin.

“Este proceso es totalmente armado, forzado, dice que hay alertas migratorias que se hubieran activado sin ningún respaldo legal, pero esas alertas que dicen, se refieren a las que se activaron por trata y tráfico de personas (…). Estas personas no buscan la verdad, solo buscan mantenerlo preso”, aclaró Brito en anterior entrevista con EL DIARIO.

A inicios de junio de 2020, Marcel Rivas, informó que con el objetivo de prevenir la trata y tráfico de personas en distintos puntos fronterizos del país, la Dirección Nacional de Migración activaría el Sistema de Alerta Temprana.

Por este caso, el Juzgado Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó una condena de tres años de privación de libertad contra Rivas, aunque fue absuelto de los delitos de uso indebido de influencias y uso indebido de bienes y servicios del Estado, no obstante, fue declarado culpable por el ilícito de incumplimiento de deberes.