Si bien este tipo de avances sobre organizaciones de derechos humanos son cada vez más frecuentes e injustificados, diputados sandinistas explicaron que la decisión se basó en una transgresión de la Asociación de sus propios estatutos, así como de haber asistido a los civiles que participaron de las manifestaciones de 2018.

“En los actos acontecidos en el año 2018, que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de estos principios -humanidad, imparcialidad y neutralidad- y de su acta constitutiva y estatutos, y la asociación misma transgredió las leyes del país al desatenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales”, indica el decreto de ley publicado ayer.

Como respuesta a este levantamiento de la sociedad, el régimen de Ortega respondió con una violenta represión que dejó más de 448 muertos, 2.830 heridos y 718 desaparecidos. Por tratarse de opositores -según las autoridades, aliadas con los enemigos que buscan derrocarlos- les fue negada la asistencia médica por parte del Minsa, por lo que el rol de las organizaciones de ayuda humanitaria fue fundamental para atender a estas víctimas.

Los diputados denunciaron, por otro lado, que la CRN incumplió con la legislación que rige a los Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) ya que, según un informe del Ministerio de Gobernación, no presentó sus estados financieros y balances contables junto con su declaración fiscal. Tampoco cuenta con la verificación de identidad de donantes y proveedores de fondos, agregaron.

“Lo anterior conlleva a obstaculizar el control y vigilancia de la Autoridad de Aplicación, actuando contra ley expresa”, señaló Migob al respecto.

En base a esto, el régimen dispuso el traspaso de la Cruz Roja a la cartera de Salud, remitiéndose a la Ley General de Salud -Ley 423- y asegurando que la entidad dispone de competencias normativas y capacidades técnicas suficientes para tomar el mando de la “nueva Cruz Roja Nicaragüense, dentro de un modelo cristiano, socialista y solidario”.

Esta legislación establece, a su vez, que tanto el patrimonio como los bienes y acciones de la organización humanitaria pasarán a ser propiedad del Estado y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense, ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud.

De esta manera, el régimen convirtió a la organización independiente y sin fines de lucro en un ente autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque, en la práctica, sólo seguirá sus órdenes y limitará la asistencia que reciba la sociedad.

En lo que va de 2023, las autoridades sandinistas ya avanzaron contra 20 ONGs y hasta medios de comunicación, siempre alegando irregularidades en sus registros. En tanto, desde 2018, ya son al menos 3.400 las oenegés disueltas en el país y, por consecuencia, más de 3,4 millones las personas que quedaron desatendidas por la falta de asistencia. (Infobae)