La dictadura de Nicaragua prohibió la entrada al país a dos sacerdotes que habían participado en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Portugal, evento que fue presidido por el papa Francisco, denunció la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.

Los sacerdotes afectados son Tomás Sergio Zamora Calderón, párroco de la iglesia Nuestro Señor de los Milagros, de la diócesis de León y Chinandega (noroeste), y William Mora, párroco de la iglesia Cristo Rey, de la diócesis de Siuna (Caribe norte), precisó la investigadora, que es autora del estudio titulado “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?” y que da seguimiento a la situación de los sacerdotes en el país centroamericano.

Molina explicó que los dos sacerdotes asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa “y a su regreso, ayer, la dictadura le prohibió el ingreso a Nicaragua”.

Según la investigadora, la comunidad católica de la parroquia que presidía Zamora Calderón se encuentra consternada con la noticia, porque era un cura dinámico y muy cercano a su pueblo.

En el caso del sacerdote Mora, era responsable de la pastoral juvenil de la diócesis de Siuna.

“El padre Mora tenía una vida pastoral activa en su comunidad, que ahora pregunta qué será de ellos sin su pastor”, agregó.

Hasta el momento el régimen nicaragüense no se pronunció sobre esta denuncia, como es habitual.

El pasado 9 de julio, la Dirección de Migración y Extranjería también negó el ingreso a Nicaragua al vicario de la parroquia San Francisco de Asís de Managua, padre Juan Carlos Sánchez.

PERSECUCIÓN A SACERDOTES

Hasta el 7 de junio pasado, la dictadura sandinista había obligado a 77 religiosos abandonar el país desde que estalló la crisis sociopolítica en esta nación centroamericana en abril de 2018, incluido al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua Silvio Báez, y varias monjas extranjeras, según la investigadora.

De ellos, al menos 40 religiosos fueron expulsados en los últimos cinco años, entre ellos el sacerdote panameño Donaciano Alarcón, a inicios de abril pasado.

Otros 17 religiosos se fueron al exilio alegando razones de seguridad. Mientras que a otros doce les prohibieron la entrada al país, sin incluir los últimos tres. Y otros ocho fueron desterrados, declarados apátridas y “prófugos de la Justicia” acusados de delitos considerados “traición a la patria”.

Para Molina, la expulsión, destierro o exilio de religiosos es parte de la persecución contra la Iglesia católica nicaragüense.

Las relaciones de la dictadura de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas. (Infobae/Efe).