Se trata asimismo del mayor número de ejecuciones en la República Islámica de Irán desde 2015, precisa el reporte, realizado por el grupo Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, y Unidos Contra la Pena de Muerte (ECPM, por sus siglas en francés), basado en París.

El año pasado estuvo marcado por las manifestaciones nacionales desencadenadas en septiembre por la muerte de Mahsa Amini, una kurdo-iraní de 22 años, que fue detenida por presunto desacato de las estrictas normas de vestir de las mujeres en el país.

Las autoridades respondieron con una ola de arrestos y condenas, entre ellas las de cuatro personas condenadas a muerte y ejecutadas por su presunta implicación en las protestas, generando protestas internacionales.

«Para detener la maquinaria de la muerte del régimen iraní, es necesario que la comunidad internacional y la sociedad civil, ya sea «in situ» o no, muestren activamente su oposición cada vez que una persona es ejecutada en el país», afirmó el director de IHR, Mahmood Amiry Moghaddam.

En el informe se afirma además que en la actualidad unos 100 detenidos son condenados a muerte o procesados por cargos punibles con la pena capital.

«Con el fin de infundir miedo a la población y a los jóvenes que protestan, las autoridades intensificaron las ejecuciones de presos condenados por motivos no políticos», lamentó el director de IHR.

DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA

Los acusados de crímenes relacionados con la droga fueron los principales afectados, según las mismas fuentes.

Las ejecuciones por casos de drogas venían cayendo desde un cambio de legislación en 2017.

Pero luego del inicio de las protestas de septiembre repuntaron y totalizaron 256 en 2022, un 44% de las 582 ejecuciones de ese año.

El número duplica en del 2021 y representa diez veces más que el de 2020 por ese tipo de crímenes.

Al respecto, los autores del informe denunciaron la falta de reacción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

«No envía el mensaje adecuado a las autoridades iraníes. La abolición de la pena de muerte para los delitos relacionados con el tráfico de drogas debe ser una condición indispensable para la futura cooperación» entre esa organización e Irán», estima el director de ECPM, Raphaël Chenuil-Hazan.

Un 30% de la totalidad de los ejecutados pertenecían a la minoría sunita de Baluchistán, que representan apenas entre el 2% y el 6% de la población del país, de confesión mayoritariamente chiita, otra rama del islam.

También hubo un número demográficamente desproporcionado de kurdos y de árabes ejecutados, la mayoría por presuntos crímenes relacionados con drogas.

«La pena capital es parte de la discriminación sistemática y de la represión extensiva a las cuales están sometidas las minorías étnicas de Irán», afirma el reporte.

La mayoría de las ejecuciones (288, un 49%) se ordenaron por casos de asesinatos, un récord en los últimos 15 años. (Infobae).