“Se hizo justicia y se sienta un precedente para futuras situaciones similares”, declaró Vega a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
A principios de año, un juez admitió una ‘acción de libertad’ y ordenó al periodista que retire un video en el que se denunció el pago, a cambio de votos, para favorecer la elección del dirigente Fernando Costa como Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
El TCP consideró que no corresponde la ‘acción de libertad’ interpuesta por el ciudadano Michael Wilson Velasco Pérez, quien se arrogó sin mandato, la representación legal del dirigente deportivo a quien defendió por considerar que se había afectado sus derechos a la vida y a la honra.
La ANP que representa a los principales diarios de Bolivia sostiene que toda queja por la difusión de mensajes a través de medios masivos, debe ser procesada por un Tribunal de Autorregulación o un Tribunal de Imprenta.
Según el argumento empleado por el demandante, la amplia difusión del video habría generado amenazas y persecución contra Fernando Costa, aunque los supuestos hechos no fueron documentados.
En su argumento, el Tribunal Constitucional señaló que “en el presente caso no se advierte que exista una afectación real y cierta que ponga en peligro la vida; por cuanto, las publicaciones en la red social Facebook, que presuntamente dañaron su moral e integridad personal, no se constituyen en una situación de riesgo, más aún cuando la integridad personal relacionada con la moral y honra no son objeto de protección a través de esta acción tutelar, sino de la acción de Protección de Privacidad”.
La resolución del TCP está fechada el 29 de mayo de 2023, y el periodista dijo que tomó conocimiento recién en octubre.
Vega publicó una amenaza del funcionario de la FBF, Washington Soto, que advirtió con acciones legales en caso de que se publique nuevamente el video que fue retirado por Facebook para proteger los derechos de autor de la banda sonora que acompañaba a las imágenes.
“En este oficio siempre estamos expuestos al amedrentamiento. Sabíamos que estamos siendo juzgados ilegalmente, que se estaba vulnerando la Ley de Imprenta. Es bueno aclarar que por solicitud del abogado que me asistió se mandó el caso a revisión el caso al Tribunal Constitucional Plurinacional que nos dio la razón”, explicó el periodista.