La mayoría de los magistrados votaron a favor de sacar adelante esta declaración, que pide al Estado tomar medidas al respecto, tanto a nivel federal como estatal. El magistrado y presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, propuso establecer plazos más largos para sacar adelante estas medidas, al tiempo que abogó por contar con la participación del Consejo Nacional de Justicia en la elaboración de una propuesta al respecto.

Una vez se apruebe un calendario nacional, los gobiernos estatales tendrán un plazo de seis meses para adoptar las medidas pertinentes, tal y como recoge la propuesta. Posteriormente, se estima que las medidas se apliquen a nivel nacional en un plazo máximo de tres años, según informaciones de la cadena de televisión G1.

Los magistrados señalaron que estos planes deben incluir medidas, como el control del hacinamiento en las prisiones mediante esfuerzos conjuntos que examinen los procesos de ejecución de sentencias.

Barroso alertó de que entre 2009 y 2019 se registró un aumento de casi el 60 por ciento de la población carcelaria a medida que se reduce el espacio en las prisiones. «El país viene experimentando un crecimiento exponencial en sus tasas de encarcelamiento», afirmó antes de recalcar que el hacinamiento compromete el funcionamiento de todos los demás servicios prestados a los presos.

Además, destacó la necesidad de que se respeten los derechos de los detenidos. «A pesar de la gravedad de la situación narrada, las demandas de mejores condiciones en las cárceles son extremadamente impopulares entre la opinión pública. Hay cierta resistencia a la idea de que un país con recursos escasos e infinitas demandas sociales destine parte de esos recursos a personas que entraron en conflicto con la ley, en detrimento de otros grupos vulnerables», afirmó.

Sin embargo, continuó, «hay dos razones esenciales para prestar atención a los derechos de los presos: la primera, vinculada al respeto de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución y otros títulos». «El segundo, relacionado con el impacto que tiene el sistema penitenciario en la sociedad en general», añadió.

Barroso aclaró que el tribunal busca garantizar la aplicación de la Constitución y las leyes brasileñas. «Es necesario dejar claro que actuamos aquí respetando la Constitución, las leyes internacionales vinculantes para Brasil y la legislación interna brasileña. Por lo tanto, no estamos ante una cuestión política, no estamos ante una cuestión de discrecionalidad administrativa. Estamos ante una cuestión esencialmente jurídica», subrayó. (Europa Press)