Ante el hueco fiscal que va dejando la subvención a los combustibles y reduciendo las Reservas Internacionales, proponen aplicar una diferenciación en el beneficio para que llegue a los más vulnerables. El Estado compra diésel y gasolina en cerca de 9,8 bolivianos por litro y vende entre 3,72 y Bs 3,74, respectivamente, señala la Fundación Jubileo.

Analistas económicos de la talla de Gonzalo Chávez, Gabriel Espinoza, así como Antonio Saravia, opinan que se debe eliminar el subsidio a los hidrocarburos porque provoca déficit fiscal y pérdida de reservas internacionales.

En su blog de hace unos meses atrás, el analista y experto en hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, dio algunos tips para avanzar en la eliminación del subsidio a los hidrocarburos, pues el mismo era insostenible en el largo plazo, una de las sugerencias apuntaba a favorecer a los más vulnerables con el beneficio.

En su análisis, la Fundación Jubileo sostiene que el país no puede continuar con una subvención ciega a los hidrocarburos. “El origen del problema actual se remonta a agosto de 2004, cuando se promulgó el Decreto Supremo Nº 27691, que congeló el precio del barril de petróleo en Bolivia puesto en refinería en 27,11 dólares por barril ($us/Bbl)”.

Esa medida también estableció los márgenes superior e inferior para el precio de referencia de los productos refinados, medida que continúa vigente y que junto con el Decreto Supremo Nº 27992, de enero de 2005, se constituyen en la base legal de la política de subvención al precio de la gasolina y el diésel en el país, fijados para el consumidor final en 3,74 Bs/Lt y 3,72 Bs/Lt, respectivamente, explica el documento de Jubileo.

“Es importante considerar que esa política de subvención podía ser viable solo en la medida en que el país produjera la suficiente cantidad de hidrocarburos líquidos que le permitan autoabastecerse de productos refinados como gasolina y diésel; pero, además, desarrollar políticas de electromovilidad que permitan ir sustituyendo gradualmente la demanda de estos combustibles”, sostiene.

Sin embargo, en los últimos años la producción de gas y líquidos van en caída, y desde el 2022 Bolivia se convirtió en importador y dejó atrás la exportación, de acuerdo a analistas del sector de hidrocarburos.

Actualmente, 95% de la matriz energética nacional es de fuente fósil, 64% de la electricidad es generada a partir de termoeléctricas que operan principalmente con gas natural; el sector transporte es el principal consumidor de energía en el territorio nacional, representando 55% del total, al año 2021, siendo, además, que 83% de esa energía es diésel y gasolina.

Propuesta

Fundación Jubileo sugiere a las autoridades y a la población debatir la necesidad de reenfocar la subvención a los hidrocarburos, estableciendo bandas de precios diferenciados que consideren elementos como el año de importación del vehículo, modelo, marca, cilindrada y actividad económica.

En ese sentido, una premisa básica debiera ser que para la población vulnerable que utiliza estos combustibles como insumo para su actividad de transporte público en taxis, minibuses, micros o camiones minoristas se pueda mantener el actual precio subvencionado y, para el resto de la población, introducir precios diferenciados de acuerdo con las características descritas, octanaje del combustible y otros criterios que se encuentran registrados en el sistema B-SISA, y que pueden permitir distinguir el tipo de consumidor y asignar un precio conforme a sus características.

El Estado compra diésel y gasolina en cerca de Bs 9,8 por litro y vende entre Bs 3,72 y Bs 3,74, respectivamente.

Durante el año 2022, el precio de importación de la gasolina y el diésel estuvo, en promedio, aproximadamente en 9,8 Bs/Lt, lo que ha obligado a que la subvención a los hidrocarburos se sitúe en un promedio de 6 Bs/Lt. Esta realidad se ha visto claramente reflejada en el gasto que ha efectuado.