Desde la bancada de Creemos, se informó sobre la confirmación de esta sesión interpelatoria, acto de fiscalización que manda al titular del Ministerio de Gobierno a presentarse ante el pleno del parlamento nacional para responder el pliego de 30 preguntas que exige conocer la verdad de los hechos y se revele a los responsables del delito internacional que puso en tela de juicio la dignidad del Estado boliviano.

La interpelación solicitada por los diputados: Erwin Bazán, Khaline Moreno, Tatiana Añez, Haidy Muñóz, Wlathy Eguez, Oscar Michel, junto a los senadores Centa Rek y Henry Montero; plantea de cara a la población, censurar a la autoridad de Gobierno por las fallidas políticas y estrategias de lucha contra el narcotráfico en Bolivia.

El ministro Del Castillo deberá comparecer por cuarta vez ante los representantes nacionales, en esta ocasión para explicar los fallos de su gestión en materia de lucha contra el narcotráfico y sustancias controladas.

Deberá, también, explicar el cumplimiento, o no, del Estado Plurinacional de Bolivia de tratados y convenios internacionales de lucha contra las drogas y delitos conexos.

“¿Bajo qué modalidad de convenio se ejecutó el proyecto de equipamiento con sistemas de control y seguridad informático para detectar la presencia de sustancias controladas, e ilícitos conexos, en el aeropuerto de Viru Viru, a cuánto asciende el costo de ese sistema y cuántos años de uso tiene desde su implementación?”, plantea parte del interrogatorio.

Otra de las 30 preguntas formuladas por los legisladores de Creemos, exige explicaciones y aclaraciones acerca del trabajo interinstitucional de seguridad que se cumple en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, “detallando la responsabilidad de cada una de las instituciones en las áreas de perímetro, seguridad en instalaciones del aeropuerto, control de accesos, acciones de Naabol, Felcn, Aircop”.

La interpelación contra Del Castillo, prevista para el 30 de agosto, exige también se conozca la nómina de los funcionarios policiales y de las instituciones que cumplieron funciones entre febrero y mayo de la presente gestión.

El escándalo por el caso “narcovuelo” se desató tras revelarse que la Aduana de España incautó 478 kilos de droga hallados en el aeropuerto de Barajas en Madrid, cargamento proveniente de un vuelo procedente de la ciudad de Santa Cruz en febrero de este año. La sustancia fue encontrada empaquetada en doce bultos que fueron transportados en un contenedor de bodega.

Según la Agencia Tributaria española, se trata de una de las mayores intervenciones de droga registrada en Barajas en los últimos años.