Indígenas mapuche presos en la cárcel de Angol, en la región de La Araucanía (centro-sur), retuvieron ayer a tres funcionarios durante más de una hora, como protesta por la suspensión de visitas de familiares por las elecciones constituyentes, lo que generó incidentes también fuera de la cárcel.
Según informó el ministro chileno de Justicia, Luis Cordero, los funcionarios fueron retenidos en uno de los módulos del centro penitenciario, destinado a 17 internos, y liberados luego por la Unidad de Servicios Especiales de la gendarmería chilena.
El delegado presidencial en La Araucanía, José Montalva, descartó que el suceso se trate de un secuestro, aunque la Fiscalía abrió una investigación para recoger detalles de lo ocurrido.
El intento de rebelión se inició, dijo el ministro, como protesta a la suspensión de visitas de familiares en el centro penitenciario, una política que se aplica en todas las prisiones en jornadas electorales.
El suceso generó incidentes fuera del centro penitenciario entre familiares de indígenas mapuche presos y agentes antidisturbios de la policía chilena que se desplegaron en el lugar.
La región de La Araucanía y otras zonas rurales del país llevan décadas sumidas en una disputa entre grupos del pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, el Estado chileno y grandes empresas forestales que explotan bosques ancestrales.
En ese contexto, son frecuentes los ataques incendiaros a maquinaria y predios, en un conflicto marcado por numerosas muertes de comuneros mapuche, policías del Estado y huelgas de hambre de presos indígenas.
Al menos ocho personas participaron en el ataque, según la Policía. El grupo roció la estructura con líquido inflamable y posteriormente le prendieron fuego.
En febrero, la Ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno de Gabriel Boric presentará acciones legales en contra de la organización mapuche y quienes resulten responsables por los ataques tendrán querellas, en todos los casos que los antecedentes apunten a la intencionalidad al momento de provocar siniestros forestales.
«No sé en qué agenda de reivindicación indígena eso puede tener justificación», sentenció la ministra Tohá, junto con explicar que está tipificado en el ordenamiento jurídico que «prender incendios cuando hay condiciones como las actuales es un delito de riesgo que pone en peligro a la población». (Infobae).