La sobre regulación a la actividad privada asfixia a la industria nacional, así como de países de la región, y provoca el incremento del contrabando, que en cifras mueve anualmente 3.800 millones de dólares. Empresarios, autoridades y economistas apuestan a bajar la presión tributaria y social para facilitar el ingreso de los informales al sector formal.

La percepción se dio en el marco del Seminario Internacional “Del Comercio Informal al Crimen Organizado: Los desafíos de la región frente al contrabando”, y tras las exposiciones de los principales representantes de los tres países, se estableció las bases de un acuerdo entre Bolivia, Chile y Perú.

El economista Antonio Saravia, en su gira por los medios de comunicación, así como en entidades académicas, señaló que la mejor forma de luchar contra el contrabando no es combatirla sino legalizarla, es decir, desburocratizar la actividad pública, facilitando un mejor desempeño de la actividad privada en el país, bajar las regulaciones y hacer más competitiva a la producción nacional.

Casi coinciden con esa visión economistas, como el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, quien en su exposición sobre el contrabando de cigarrillos, indicó que la actividad ilegal es alentada por la asimetría impositiva.

«La diferencia de precios de venta resultado de las tasas impositivas favorecen el contrabando y el rol de Bolivia como facilitador», aseguró a tiempo de indicar que también está la situación económica de cada país.

«Las altas tasas de desempleo, una inflación al alza en la región y las diferencias de tipo de cambio agravan la situación y originan notables diferencias de precios entre países», aseguró.

Por su parte, el representante de la Cámara de Industria, Servicios y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Fernando Antezana, brindó algunos datos poco alentadores con respecto a la afectación y al crecimiento de la actividad ilegal.

Dijo que se mueven alrededor de 1.400 millones de dólares sólo en medicamentos, línea blanca, entre otros, lo que genera también una pérdida de divisas, que actualmente escasea en el país.

Con respecto al empleo formal, mencionó que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2015 el empleo formal alcanzaba un porcentaje de 27% de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra que bajó en 2022 a 11%.

Ese panorama provoca una inestabilidad laboral, y de acuerdo a Antezana, Bolivia estaría con el 91% de informalidad, por ello llamó a todos los actores, público y privados, a coordinar acciones para reducir la actividad ilícita y la afectación a la industria nacional. Destacó que en los municipios se observa mayor informalidad.

El representante de la Cámara de Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), Josip Lino, en su exposición sobre la afectación del contrabando al sector de medicamentos, dijo que están sobre regulados, aun así dan pelea contra el comercio ilegal.

La pobre regulación se observa en el tema impositivo y laboral, y están en constantes inspecciones de parte de las entidades públicas del sector salud. Recordó que 58 normativas regulan al sector.

El sector farmacéutico mueve 450 millones de dólares en el mercado nacional, y que tanto los importadores como el comercio ilegal de medicamentos representan un movimiento económico de 80-85 millones, es decir un 20%.

El aporte al Producto Interno Bruto (PIB) alcanza al 1%. Pero el contrabando de medicamentos al igual que la falsificación y los medicamentos espurios, tienen presencia en el mercado nacional, y amenazan a la salud de la población, pues ingresan sin control sanitario, alertó.

Son actividades que representan un grave riesgo para la salud, por los efectos nocivos que pueden generar en cuanto se han catalogado como crímenes de lesa humanidad, siendo equiparables al genocidio por la magnitud de su impacto negativo.

En ese contexto, plantean modificaciones al Código Penal y aumentar la pena, así como los delitos, para hacer efectivo la lucha contra el contrabando.

Bebidas

Mientras el representante de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), Ronald Camacho, dentro sus conclusiones de su exposición sobre la estrategia contra el contrabando, una mirada de la industria cervecera, señala el incremento de bebidas a 579% en los últimos 6 años y por ello el Estado deja de recaudar 118 millones de dólares al año.

Asimismo coincidió con Lino, por separado, al indicar que las redes sociales (sobre todo Marketplace de Facebook) se han convertido en un medio para ofrecer productos de contrabando sin ningún tipo de sanción.

Mencionó que los medios de transporte interdepartamental (flotas, buses, entre otros) almacenan y transportan productos de contrabando sin ningún tipo de temor, por lo que se sugiere un control y sanciones a las empresas por parte de la ATT.

También sugirió implementar un Código de Barras, Código QR, Hologramas en los productos importados a Bolivia en lugar de los timbres actuales que son de fácil falsificación. Ejemplo cambio de timbre ICE importaciones para bebidas y tabacos.

Apoyó reducir los importes, tal como plantea la Cámara Nacional de Industria (CNI), de modificar el Código Tributario (Ley 2492) para disminuir de 200.000 a 50.000 a UFV el valor del monto para que sea considerado como delito aduanero.

El presidente de la CNI, Pablo Camacho, dijo que dentro de sus cuatro sugerencias está modificar los numerales 30 y 31 del artículo 26 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales N°482 para municipalizar la lucha contra el contrabando.

Numeral 30: “Ejercer labores de fiscalización, control y de comiso de productos que no cuenten con la Declaración de Importación de Mercancías (DIM) o la nota fiscal que respalde la compra de la mercadería, en mercados, supermercados, tiendas, centros de abastecimiento mayorista y minorista, ferias y otros”.

Datos

El contrabando representó el 7,96% del PIB en 2022, que se compara a un mes de producción total de Bolivia, en cifras representa 3.331 millones de dólares, una cifra menor a la estimada por otras cámaras empresariales, de acuerdo a datos del asesor de la CNI, Hugo Siles.

A pesar del aumento de los comisos realizados por la Aduana Nacional, de 700 millones de bolivianos, un poco más de 100 millones de dólares, Siles en su exposición señala que comparada con la cifra de 3.331 millones, los comisos representan un 3,18%.

Mientras que en evasión fiscal representa una afectación al Estado de 930 millones de dólares, otros calculan un poco más de 600 millones. Siles señaló que esa evasión significa 16 hospitales de tercer nivel.

Al ritmo que va la actividad ilegal, Siles sostiene que el contrabando crece al doble del crecimiento de la economía nacional, también se refleja en la reducción de las Reservas Internacionales, cuando sostiene que a mayor actividad ilegal mayor caída de las RIN.

El contrabando afecta a 38.000 industrias y están en riesgo 600.000 empleos, aunque en general el número de trabajos formales amenazados supera los 2,5 millones, pues afecta todos los sectores empresariales.

Por su parte, el representante de la Cainco, Ian Camacho, plantea que se debe reorientar la normativa hacia un entorno tributario amigable; convenir monto para determinar el contrabando delictivo; simplificar tiempos y procedimientos para la ejecución de allanamientos y procesos sancionatorios contra el contrabando contravencional; generar incentivos para la sustitución de importaciones; ampliar competencias para la lucha contra el contrabando de entidades clave, para allanamiento, decomiso y destrucción de productos de contrabando en almacenes y mercados informales; y municipalizar la lucha contra el contrabando.

Rutas

Mientras el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Pedro Vargas, expuso las acciones que realiza el gobierno en contra de este ilícito y mostró las rutas identificadas por donde operan estas personas.

Explicó los pasos donde se realizan los controles, también los enfrentamientos. Dijo que los grupos delictivos utilizan varias estrategias para evadir los controles, con motorizados y armamento.