“Hemos recibido denuncias y nosotros mismos hemos podido ver que algunos policías cobran por detener a los deudores de asistencia familiar, por ejemplo, en un caso donde nosotros participamos los policías cobraron a la señora 100 bolivianos y le hicieron pagar para la gasolina, cuando a través del Ministerio de Gobierno tienen vehículos y los policías perciben sueldo”, dijo la activista a ANF.
Estas denuncias son recurrentes, donde los policías por ejecutar el mandamiento de apremio piden entre el 5% al 10% del monto a cobrar, hecho calificado de ilegal e irregular por los abogados de las víctimas.
Los policías al ser funcionarios públicos tienen la obligación de dar cumplimiento a una orden judicial de aprehensión y sin cobrar debido a que ninguna norma respalda sus exigencias, señalan los juristas.
Ugarte indicó que por esta situación se reunió con el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (felcc) de El Alto para abordar el tema y exigir el procesamiento de los efectivos en el marco de su reglamento interno por infractores.
“Al inicio no tomaban mucha importancia a nuestras observaciones, pero ahora con el comandante en la ciudad de El Alto estamos haciendo conocer que algunos de sus funcionarios cometen abusos y la denuncia correspondiente al Digipi (Dirección General de Investigación Policial Interna) para que les hagan un sumario con la sanción correspondiente por no cumplir lo que dice la norma”, apuntó. (ANF)