El Ministerio Público emitió la acusación formal contra el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la aprobación de un decreto departamental, presuntamente irregular, en 2022. La parte denunciante pide una sentencia de seis años de cárcel.

El fiscal Marcos Arce, acusa a Camacho por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Por el hecho, pide la pena máxima de este ilícito que es sancionado hasta con seis años de prisión, según el Código Penal.

Tras conocer la acusación, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, advirtió que esta es una nueva muestra de la persecución política a la que se ve sometido Camacho.

Matkovic sostuvo que el Gobierno le tiene temor a Camacho y continuará acusándolo, prolongando su detención y “violando sus derechos, sin respetar la ley, la presunción de inocencia y los derechos humanos”.

EL CASO

El caso fue activado a denuncia del asambleísta departamental del Movimiento al Socialismo (MAS), Clemente Ramos, quien pidió sancionar al Gobernador por no haber designado al vicegobernador Mario Aguilera, como autoridad interina en ocasión de viaje que cumplió a Brasil en marzo de 2022.

El 9 de marzo de 2022, Camacho viajó al Brasil para participar de la 12va. Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima (GCF Task Force).

Antes de viajar, firmó el Decreto Departamental 373 donde designaba como gobernador suplente a su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, más no así al vicegobernador Mario Aguilera.

El 19 de marzo de 2022, luego de su arribo a Santa Cruz y tras sostener una reunión de gabinete con urgencia, Luis Fernando Camacho reconoció que el decreto fue firmado porque tenían una agenda que cumplir en provincias durante la semana y la persona designada para cumplir tales trabajos era Mario Aguilera.

En ese marco, dijo que se decidió dejar al secretario de Coordinación Institucional Miguel Ángel Navarro como gobernador suplente, para tener el normal desenvolvimiento en la Gobernación.

Luego de un año de la denuncia, en marzo de 2023, se conoció que la Fiscalía decidió imputar a Camacho por tres delitos y solicitó al juez encarcelar a la autoridad departamental preventivamente por medio año.

En la oportunidad, Ramos explicó a la ANF que Camacho debió designar a Aguilera, como indica el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, “(pero) no lo hizo, ahí hubo un delito de incumplimiento de deberes y al sacar un decreto (para designar) a un funcionario que no ha sido electo (el delito es) resoluciones contrarias a la ley. Y, (el) tercer delito es porque después que han subido a la gaceta oficial lo borran, así como nada, (…) ahí ha habido otro delito que sería la manipulación informática”.

Desde diciembre de 2022, el Gobernador cruceño cumple una detención preventiva por el caso denominado golpe de Estado I. El primer plazo de esta medida se cumplió en abril y la Fiscalía solicitó una ampliación, pero además activó otros casos que alargaron el encarcelamiento del gobernador en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro del municipio de Viacha, en el departamento de La Paz.