Por ello piden que se cree jurisprudencia al sancionar a los responsables, y piden a las autoridades a tomar acciones para garantizar la seguridad jurídica.
También los empresarios indicaron que a falta de una política para el sector del turismo, suceden este tipo de hechos, y por ello solicitaron a las autoridades a trabajar para que se eviten este tipo de hechos.
El presidente de la Cámara Boliviana Hotelera (CBH), Luis Ampuero, dijo que las acciones de los comunarios violan la Constitución al impedir la libre movilidad y el derecho al trabajo, en especial en el sector del turismo.
«Hay un daño económico grande, económico a los turistas, económico a los hoteles, a la imagen del país a la inversión futura. Esto tendría que ser cuantificado de alguna forma por eso debería dar lugar a sanciones», apuntó.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Jorge Valle, lamentó los hechos y dijo que este tipo de hechos ya se están haciendo una costumbre en varias regiones del país, en especial en las zonas turísticas, como Copacabana.
Al igual que Ampuero aboga por que se sancione, y el Estado tome acciones sobre el tema, ya que a pesar de los hechos ocurridos en el lugar con la quema de domos, a la fecha se desconoce si se logró castigar a los responsables.
Entretanto, el presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (ABAVYT), Marco Mercado, dijo que hay una ausencia de seguridad jurídica, y exhortó al diálogo para solucionar este tipo de problemas.
Los empresarios indicaron que no se puede dialogar con un «extorsionador» y que es el Ministerio Público quien debe actuar y realizar las investigaciones de oficio sobre los cobros de dinero de comunarios a los hoteleros.
El empresario reveló que ya se envió una nota al Viceministerio de Turismo para que tome cartas en el asunto.
«Uno no puede dialogar con un extorsionador para eso tenemos a un Ministerio Público y lo que pedimos a través de una nota oficial la Cámara Boliviana Hotelera dirigida al Viceministerio de Turismo es que tiene que ponerse en marcha la acción de la Fiscalía, tiene que entrar la justicia en este tema y el Viceministerio de Turismo debería convertirse en coadyuvante para que se respeten las investigaciones·, indicó en rueda de prensa.