La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, precisó ayer que dentro de la misma resolución, se presentó la acusación en contra de otros cuatro funcionarios, Luis R. L. G., Rubén M. M. C., Ricardo A. R. S. y Ramiro L. C. A., quienes son investigados por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, de acuerdo a la responsabilidad y participación de cada uno.
“En la resolución de acusación se presentaron 48 pruebas documentales, dos periciales y 31 testificales, elementos de convicción que son suficientes para sustentar la teoría fiscal, en ese marco, durante el juicio vamos a solicitar la pena máxima para los investigados, en el caso del gobernador serían 10 años de cárcel”, sostuvo Choque.
De acuerdo a las investigaciones, el 26 de noviembre de 2021, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí suscribió un contrato administrativo con la empresa unipersonal Estefals Logistics para la compra de 41 ambulancias. En ese marco, el 31 de diciembre de 2021, se habría firmado el acta de recepción de las ambulancias para el cierre del proceso de licitación; sin embargo, nunca se recibió de manera física esos vehículos.
Posteriormente, el 27 de enero de 2022, el Gobernador de Potosí procedió a anular la suscripción de la minuta de contrato administrativo que tenía 22 días de incumplimiento en la entrega de los bienes requeridos, situación que, se presume, sería ilegal.
CASO ANTÍGENOS
Por otro lado, la comisión de fiscales que investiga el caso antígeno emitió, la mañana de ayer, la imputación formal en contra del Gobernador y otras 13 personas por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado. En la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía solicitará la detención preventiva de los sindicados.
De acuerdo a los antecedentes, el mes de agosto de 2022, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí suscribió un contrato administrativo para la compra de pruebas rápidas antígeno nasales con un presunto sobreprecio aproximado del 50% en relación a las adquisiciones realizadas por otros departamentos.