La manifestación fue convocada por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y su presidenta, Maggy Talavera Román, manifestó que “una agresión a un trabajador de la prensa es una agresión a cada uno de los ciudadanos que tiene derecho a estar informado”.
Tras la marcha, se entregó al fiscal del departamento, Roger Mariaca Montenegro, una carta en la que se demanda investigar y sancionar, según establece la ley, “los hechos de violencia y odio registrados contra los trabajadores de la prensa”.
En la misma jornada, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia que aglutina a nueve asociaciones departamentales, emitió desde La Paz un pronunciamiento en el que pide “coherencia ante el comportamiento ambiguo de la Viceministra de Comunicación y de otras autoridades públicas que, en reiteradas declaraciones a los medios han expresado su compromiso de proteger la integridad y los derechos de la prensa, pero en los hechos mantienen un silencio y una inacción reprochables”.
Al manifestar solidaridad con los periodistas amenazados por grupos vinculados con el narcotráfico, como ocurrió con Guider Arancibia del diario El Deber, el 26 de julio pasado, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia exige que el gobierno nacional y el Ministerio Público “hagan una investigación y un seguimiento minucioso de estos casos, que se identifique y sancione a los responsables de estas amenazas, pero sobre todo, se brinde seguridad y protección a los trabajadores de la prensa”.