Parlamentarios contrarios al MAS demandan al Gobierno central establecer responsabilidades contra autoridades de Estado por asignar “cargos políticos” en temas de seguridad aérea como es el caso del nombramiento como ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a Gustavo Vargas quien también es gerente de LaMia, hecho que demuestra un nuevo caso de “tráfico de influencias”.
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