El traslado de niños ucranianos a otras zonas bajo el control de Moscú y a Rusia constituye un «crimen de guerra», afirmaron ayer un grupo de investigadores de la ONU, que también denunciaron posibles crímenes contra la humanidad.

En su primer informe redactado desde que Rusia inició su ofensiva contra Ucrania, el 24 de febrero de 2022, la Comisión de investigación de la ONU concluye que las situaciones que examinó respecto al traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra.

Según Kiev, 16.221 niños fueron deportados a Rusia hasta finales de febrero de este año, pero la Comisión no pudo verificar esas cifras.

Sin embargo, sí que señaló que responsables rusos tomaron medidas jurídicas y políticas relativas al traslado de niños ucranianos y que el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto en mayo de 2022 para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores.

Los investigadores también acusaron al gobierno ruso de haber cometido posibles «crímenes contra la humanidad».

«La comisión constató que las oleadas de ataques realizados por las fuerzas armadas rusas desde el 10 de octubre de 2022 contra las infraestructuras energéticas ucranianas, y el recurso a la tortura por parte de las autoridades rusas podrían constituir crímenes contra la humanidad», apuntó, recomendando que se abran investigaciones adicionales.

El grupo descubrió un esquema de detención ilegal generalizado en las zonas controladas por las fuerzas armadas rusas, contra varias personas, incluyendo mujeres y niños.

De las personas detenidas en esas instalaciones especializadas situadas en Ucrania y Rusia, algunas categorías eran sistemáticamente torturadas, según los investigadores.

“Un exdetenido fue golpeado a modo de castigo por haber hablado ucraniano y por no haber recordado la letra del himno de la Federación de Rusia», indicó la Comisión.

MARIÚPOL

La Comisión también intentó comprobar si el bombardeo y el asedio de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, se pueden considerar como un crimen contra la humanidad. No obstante, concluyó que faltaban elementos para llegar a esa conclusión, pues los investigadores no pudieron acceder a la región de Donetsk, donde se encuentra Mariúpol, una ciudad portuaria sitiada durante meses por el ejército ruso hasta que cayó en sus manos, en mayo de 2022.

La Comisión recomendó que el caso se siga investigando.

El grupo fue creado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyos 47 Estados miembros deberán decidir en abril si prolongan su mandato o no.

Hasta ahora, la Comisión visió 56 localidades e interrogado a 348 mujeres y 247 hombres. Sus investigadores inspeccionaron sitios destruidos y lugares de sepultura y de tortura.

Según ellos, las pruebas recabadas muestran que las autoridades cometieron un amplio abanico de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, también llamado leyes de la guerra.

Además, indicó que reportó un pequeño número de violaciones cometidas por las fuerzas armadas ucranianas, dos de las cuales fueron calificadas como crímenes de guerra, en las que prisioneros de guerra rusos fueron asesinados, heridos y torturados. (Infobae).